Edición Latinoamérica
25 de Agosto de 2019

¿Capitales privados o monopolio estatal del juego?

Se intensifican las discusiones por la gestión compartida de casinos en Entre Ríos

(Argentina).- Mientras el IAFAS propone una figura mixta para gerenciar los casinos provinciales, otros sectores buscan alternativas para atraer inversores y, al mismo tiempo, asegurar al Estado el monopolio en la explotación del juego.

E

l Gobierno de Entre Ríos mantendrá el proyecto de incorporar a inversores privados al negocio del juego. Este hecho puede constatarse en el mensaje del gobernador provincial Jorge Busti, entregado a los legisladores el pasado 1 de julio.

“Con respecto al casino de Victoria, se buscará la participación de inversores privados porque es un emprendimiento muy caro y riesgoso para el Estado provincial; ya que se competiría contra casinos privados rosarinos”, reza el texto al informar que las salas de juego de Gualeguay, Villa Elisa, Villaguay y Chajarí serán transformadas en casinos.

Respecto del nudo de la polémica, informó el mandatario en aquella ocasión que “se está trabajando en un proyecto que establezca la intervención del privado pero con un fuerte control estatal conservando el poder de policía en manos del Estado”.

En rigor, al respecto han circulado en buena cantidad declaraciones periodísticas, pero borradores con lo que debieran contener los pliegos, ninguno. Ayer mismo, el sitio digital oficial dio cuenta de que el gobierno provincial está trabajando “intensamente en la elaboración de un modelo de cogestión, en el que el sector privado tenga un papel en el marketing y manejo del casino, y el Estado asuma el rol de contralor”.

La información cita como fuente al mismísimo titular del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, ingeniero Blas García. “Este modelo de cogestión es para poder competir con el casino privado que se instalará en Rosario”, señaló al estimar que en unos 60 días se podría dar forma a un pliego de condiciones.

García explicó que su intención es hallar “una fórmula mixta en la que el Estado impartirá un fuerte control”, señaló tras comentar que “no existe una propuesta de este tipo porque los que existen son controlados totalmente por el Estado o por el sector privado”.

Entre estos extremos, “el gobierno provincial busca un punto intermedio en el que pueda tener el sector privado la iniciativa de invertir, el control del marketing y el manejo, y el Estado comparta el manejo y ejerza el control”.

Para García, la inversión que hay que hacer en Victoria supera los 10 millones de pesos (3.4 millones de dólares aproximadamente), e incluso puede llegar a los 18, aunque no brindó detalles respecto de en base a qué configura tan disímiles variantes.

“Por supuesto, ningún privado invertirá ese dinero para que gerentes designados políticamente lo manejen y no tengan un recupero de la inversión”, observó.

Sobre el Hotel Sol Victoria, en el que se instalarán salas de juego, García expresó que “en la medida que ese emprendimiento empiece a funcionar, los empresarios, el municipio y las fuerzas vivas de Victoria tienen la idea de concretar otros proyectos para engrandecer más este emprendimiento, sobre todo porque este punto se constituirá en un punto de entrada de turismo de Santa Fe y Córdoba”.

Pero las entidades sindicales, sobre todo la Asociación Trabajadores del Estado, no cree en la cogestión entre el sector público y la inversión privada, a pesar de que no se cierra a la búsqueda de formas asociativas convenientes. En otras palabras, el control y el gerenciamiento del juego deben ser parte del monopolio estatal.

La otra cuestión es que es mucho más fácil inspeccionar las máquinas tragamonedas que los juegos de mesa. Estas son, palabras más palabras menos, las tres dimensiones del concepto de “explotación en manos del Estado” que manifiesta ATE: los trabajadores deben ser empleados públicos, los juegos de mesa y el control general deben estar a cargo del IAFAS.

En el haber de su experiencia, ATE cuenta con el proyecto de Plaza de Aguas: en integración con el Municipio de Gualeguaychú, elaboró una propuesta en la que el casino era parte de un complejo turístico y cultural, con sala de cine, auditorio, hotel, comedor, sala de juegos y hasta muelle de amarre, en un sector que debía ser completamente urbanizado y, por lo tanto, incorporado al resto de la ciudad. De allí surge la convicción de la entidad en cuanto a que, si se asegura el recupero de la inversión, los privados no tendrían inconvenientes de sumarse a una iniciativa en la que los juegos de mesa seguirían en poder del Estado.

Es más, parece tener sentido que la ruleta y las cartas son para un sector “más jugador”, mientras las tragamonedas resultan atractivas al público en general. Y, entonces, de allí que el negocio se haya ido transformando de tal modo que ahora imperen los complejos de diversión adonde concurren las familias, como método superador del negocio del “juego para jugadores consuetudinarios”. En otras palabras, la renta mayor no se hace con los apuestas fuertes sino con el conjunto de pequeños aportes que hacen grupos familiares que recorren la sala de juego como un atractivo más de cierto y determinado punto de atracción turística.

En ese sentido, no sería raro que haya propuestas concretas para salir de la lógica discursiva puntual del hotel de Victoria y la posible anexión del casino, donde pareciera que la única salida es que el privado se encargue del emprendimiento y su gerenciamiento, para analizar en toda su complejidad la problemática, es decir, atender a la política integral del IAFAS respecto del juego.

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