El juicio iniciado por Comar, luego de su exclusión en la puja por el casino asturiano, continúa avanzando. Ayer fue el turno de la jefa del servicio administrativo y su adjunta, quienes debieron declarar en el pleito por prevaricación que la empresa gallega mantiene contra el concejal de Urbanismo, Jesús Morales, y tres funcionarios.
El rechazo de la empresa Comar se basó en informes técnicos firmados por los acusados en los que se certificaba que el proyecto de la sociedad, elaborado por el arquitecto Jesús Torrecilla, excede en volumetría y altura lo fijado por el PGOU, lo que posibilitó que se adjudicara el proyecto del casino a los hermanos Díaz Carbajosa, que ya iniciaron las obras en el antiguo cine Hernán Cortés.
El abogado de los cuatro acusados, Sergio Herrero, se limitó a decir que las dos funcionarias ratificaron ayer los informes técnicos que firmaron en su momento y señalaron que “todo el proceso se ajusta plenamente a la normalidad vigente”.
De esta manera, los cuatro acusados ya declararon ante el titular del Juzgado de instrucción número 4, Emilio Vega. El pasado martes declararon dos de ellos: el concejal de Urbanismo, Jesús Morales, y el jefe del servicio técnico de Urbanismo; y ayer lo hicieron la jefa del servicio administrativo del Ayuntamiento y su adjunta. “Todos ellos firmaron a sabiendas informes contrarios a derecho porque saben que se nos aplicaron unos artículos del PGOU inaplicables en este caso”, sostuvo el abogado de la acusación, Francisco Javier Medina.
El juez instructor, Emilio Vega, continuará ahora la instrucción del sumario tomando declaración a los testigos de la acusación para determinar si archiva las actuaciones o abre el juicio oral. Los testigos son tres peritos que certifican que los polémicos artículos aplicados (el 4.2.5 y 4.5.9 ) son inaplicables. Uno de los técnicos es el redactor del PGOU, Ramón Fernández Rañada, que tachó de trivial el documento municipal en el que se argumenta el rechazo del proyecto. El prestigioso urbanista aseguró que los argumentos municipales “no son ciertos” y que la volumetría del proyecto cumple las condiciones exigidas. “Incluso utilizando el criterio que postula el Ayuntamiento, resultaría fácilmente realizable el proyecto mediante la introducción de ciertos ajustes de rasante”, asegura Rañada.
Javier Medina insistió ayer en que la querella contra Morales no tiene ningún tinte político. “No nos querellamos contra el político sino contra el administrador que, en nuestra opinión, cometió un delito. Sólo defendemos el prestigio de un técnico que quedó totalmente devaluado y los intereses de una empresa. Nada más”.
La propuesta de Comar (la sociedad Puente del Piles) había superado los requisitos del Principado para poner en marcha el primer casino de Asturias, pero el Ayuntamiento lo echó abajo después de que el Principado hiciera lo propio con Orenes, la opción favorita de la Alcaldesa y su gobierno municipal. Esta circunstancia llevó a Medina a sospechar que el concejal, Jesús Morales, actuó “a modo de venganza frente a la decisión regional de eliminar su preferencia”.