sta en manos del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil el futuro de los empresarios del sector de juego, en particular los dedicados al negocio del bingo y a la explotación de máquinas tragamonedas.
Hasta que no sea emitida una definición por parte del STF, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva intenta asediar al juego a través de medidas de la Advocacia-Geral de la Unión (AGU), con acciones ante la Justicia.
La semana pasada, la AGU consiguió recursos judiciales ante la Justicia Federal para cerrar 64 salas de bingo en Río Grande do Sul y en otras 15 salas en San Pablo. Junto a ello, acciones similares fueron encausadas en varios estados brasileños.
De esta forma, en lugar de editar una nueva medida provisoria o enviar al Congreso un proyecto de ley restituyendo la prohibición de los bingos, el Gobierno decidió esperar a la decisión del STF sobre las legislaciones de cada estado, que están sirviendo de base para mantener las operaciones de los bingos.
Se espera que el Supremo Tribunal Federal derogue esas leyes y decretos, que legalizarán los juegos, sobre el argumento de que la actividad es ilegal e inconstitucional. Pero la definición sobre las acciones directas de inconstitucionalidad deberán esperar hasta agosto, tras el receso judicial.
En general, las acciones de los abogados de la Unión sustentan que la actividad ya estaba prohibida antes de la Medida Provisoria de los bingos.
Ellos argumentaron que la Ley Pelé, que data de 1998 y autorizaba la explotación de esta modalidad de juego, fue revocada por otra norma, que determinó la prohibición del bingo a partir del 31 de diciembre del 2001.
