Diecisiete empresas que explotan salas de bingo en el estado de Río de Janeiro presentaron un reclamo judicial (RCL 2678), con pedido de amparo, mediante el cual solicitan la suspensión de una tutela anticipada, concedida mediante una acción civil pública de la Justicia de Río de Janeiro. La mencionada tutela impide hoy el funcionamiento de esas casas de juego, a pesar de no estar encuadradas en ninguna acción de ilegalidad, sino en un vacío legal ya que hoy no cuentan con una legislación que las regule.
En el reclamo, los empresarios alegaron usurpación de competencia del Supremo Tribunal Federal para decidir sobre este tema. Las empresas afirman que la manutención de la tutela anticipada posibilitó una indiscriminada operación de clausura de salas, impidiendo el acceso del público a los bingos y, consecuentemente, imposibilitó el ejercicio de la actividad. Las empresas se encuentran en una difícil situación, incapaces de cumplir con sus obligaciones de pago y generando el desempleo de miles de trabajadores del sector.
La tutela tuvo como finalidad la declaración de inconstitucionalidad de la norma promulgada en el estado, que autorizó la actividad empresarial de explotación de los bingos.
El pedido, según las empresas, atacó directamente al comando disciplinador del proceso de control de constitucionalidad de las leyes, usurpando la competencia privativa del Poder Legislativo y del STF. Los empresarios aseguran que la paralización de las casas de bingo está provocando perjuicios por 1.000 millones de reales (unos 330 millones de dólares) y el despido de 12 mil trabajadores.