El gobierno brasileño lanza una ofensiva judicial contra los bingos

Derrotado en el Congreso en su tentativa de prohibir el funcionamiento de bingos y de máquinas tragamonedas en todo el país, el Gobierno Nacional intentará ahora cerrar el cerco sobre la actividad por medio de acciones judiciales en cada estado.

La primera batalla en ese campo fue una victoria para el proceso encabezado por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, ya que una medida presentada ante la Justicia Federal de Río Grande do Sul logró el cierre de 63 establecimientos de juegos electrónicos. La medida llega a partir de una acción civil pública presentada por el abogado de la Unión en la 4ª Región, Luís Henrique Martins dos Anjos, y el argumento presentado por lo letrado debería ser ahora adoptado por la Advocacia-Geral de la Unión (AGU) en el resto del país.

“La actividad de los bingos no está en los moldes de otras actividades de comercio, que si no fueron prohibidas por una ley, pueden funcionar. Los bingos necesitan de una ley que los autorice y hoy, esa ley no existe” asegura Martins dos Anjos.

A principios de este año, el mismo argumento fue decisivo para mantener cerrados los bingos en el estado de Paraná, cuando el gobernador Roberto Requião firmó un decreto prohibiendo la reglamentación de la actividad.

Según el abogado, nuevas acciones deberán ser ahora juzgadas en los próximos días. Las 63 salas alcanzadas por la decisión de la 6ª Vara Federal están localizadazas en municipios bajo la jurisdicción de la Justicia Federal en Porto Alegre. Martins dos Anjos dice que la principal dificultad para el ingreso ahora de una acción simultanea en todas las regiones es obtener información sobre la localización de cada una de las salas de juego.

Estos datos son necesarios para determinar cual sede de la AGU deberá solicitar la clausura. Acciones semejantes fueron ya presentadas en San Pablo y en Río de Janeiro, aseguró el abogado. “Quien sabe dónde están localizados los bingos son la Caixa Econômica Federal y la Policía Federal“ aclaró Martins dos Anjos.

La decisión no sorprendió a los empresarios, que tras 41 días de retomada las actividades, recibieron la noticia de que parte de las casas serían cerradas nuevamente. Una de las alternativas en estudio ahora por parte de la Asociación Gaúcha de Bingos (Agebi) para garantizar el funcionamiento es la interpretación de que la decisión sólo prohibiría el funcionamiento de máquinas electrónicas, lo que no alcanzaría a la actividad del bingo propiamente dicha. Márcio Augusto da Silva, presidente de la entidad, señaló que “algunas de las citadas salas en la medida judicial no volverán a abrir”, ya que económicamente no soportarán otra clausura tras el período de 76 días en que los bingos estuvieron prohibidos por el gobierno.