El Gobierno de Brasil mantendrá su lucha contra los bingos

Tras sufrir su primera derrota legislativa al negarse la propuesta de cerrar los bingos en Brasil, el gobierno del presidente Luiz Inacio Da Silva anunció el viernes que insistirá en medidas para mantener el cierre.

"El gobierno esta decidido a proseguir en su esfuerzo para impedir el funcionamiento de las casas de bingo", dijo el portavoz de la presidencia, André Singer. El gobierno "todavía no llegó a una conclusión sobre cuál instrumento (legal) será utilizado en este fin", agregó Singer en el palacio de gobierno.

Dijo que el presidente discute con el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General, entre otras oficinas, sobre los instrumentos legales que le permitan revertir la decisión del Senado.

Tomado por sorpresa, el gobierno vio el miércoles pasado cómo el Senado rechazó, aunque sólo por dos votos de diferencia, una disposición emitida en febrero cerrando todas las casas de bingo del país. Senadores de oposición dijeron que la propuesta oficial tenía vicios de inconstitucionalidad y que además era sólo una pantalla para ocultar un escándalo de corrupción. Horas después de conocerse el voto del Senado, algunos bingos comenzaron a operar en la madrugada.

"El gobierno está actuando lo más rápido posible" para definir el instrumento jurídico que puede disponer un nuevo cierre, dijo Singer. El cierre de todos los bingos, al menos unos 1.100 locales, fue dispuesto por Da Silva el 21 de febrero, hasta tanto el Congreso discutiera una ley que reglamentara su funcionamiento o se decidiera su estatización.

Lula dispuso el cierre de las casas de bingo, que en Brasil dan empleo directo e indirecto a unas 300.000 personas, poco después de estallar un escándalo de corrupción con un funcionario en la presidencia. Las casas de juego se constituyeron en el centro de una crisis cuando una revista reveló el 13 de febrero que Waldomiro Diniz, un asesor en la presidencia, intentó en el 2002 extorsionar a un empresario de juegos de azar, solicitándole dinero para sí mismo y para supuestamente financiar campañas del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula. El mandatario destituyó al funcionario el mismo día de conocerse la denuncia periodística, y el gobierno afirma que el caso de Diniz se refiere a hechos anteriores a su asunción en enero del 2003.