Edición Latinoamérica
20 de Agosto de 2019

Las salas comenzarían a operar este mismo año

Licitarán cuatro bingos en la provincia de Mendoza

(Argentina).- El Estado mendocino informó que llamará a licitación para la concesión de cuatro salas de bingo en la provincia. Las mismas, que abrirían sus puertas en el transcurso de este año, estarán ubicadas en el Gran Mendoza, el sur, el este y el Valle de Uco.

E

n otra muestra de las nuevas opciones que están surgiendo dentro de la industria del juego en las distintas provincias argentinas, el Estado de Mendoza dio a conocer su decisión de llamar a licitación para la concesión de cuatro salas de bingo. De acuerdo a lo planeado, durante este mes de abril se comenzarán a redactar los borradores de los pliegos, mientras se calcula que en mayo se estaría llamando a licitación. Según lo previsto, en el lapso de este año los bingos estarían funcionando.

De acuerdo a lo informado por el diario local Uno, las condiciones de los pliegos requieren que las salas sean “lugares de excelencia”, imponen requisitos de infraestructura y buscan empresas con solvencia y experiencia en el rubro. Por lo tanto, la licitación se abrirá para oferentes nacionales e internacionales.

Tal cual lo estipulado, se licitará una sala en el Gran Mendoza, otra en el Este, una tercera en el Valle de Uco y la cuarta en la zona Sur. La concreción de este emprendimiento se llevó a cabo tras la aprobación de la ley 7.139 en setiembre del año pasado, que permite la instalación de las cuatro salas, siendo éste es el décimo juego de azar que tiene la provincia. Sin embargo, será el primer juego que deje plata directamente en los municipios, puesto que la mayor parte de la recaudación que le queda al Estado será para las comunas.

Según el director del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Miguel Alonso, los beneficios de la instalación de las salas de bingo son varios: por un lado se combate el juego clandestino, recuperando al circuito legal a los jugadores que hoy optan por el juego ilegal. “Esto se vio claramente con la instalación de las salas de tragamonedas en los departamentos. Comercialmente están andando muy bien porque se insertó en el circuito legal al jugador que antes, al no tener otras opciones, jugaba en forma clandestina. En los departamentos se juega, y mucho”, aseveró Alonso.

En segundo lugar, será un atractivo más que la provincia podrá ofrecer al turismo. “Muchos creían que tras la mudanza del casino de Mendoza y la llegada del casino del Hyatt que empezó a competir en el centro, el casino oficial moriría. Pero el auge turístico revirtió la tendencia”, manifestó. En tercer lugar, agilizará las economías regionales porque aportará fuentes de trabajo a los departamentos donde se emplacen los nuevos juegos. Según explicó Alonso, entre las condiciones que establecerán los pliegos se impone que el 60% de los fondos recaudados en apuestas se deberán destinar a formar el programa de premios.

Además, los concesionarios ganadores podrán explotar las salas por un período de 15 años, teniendo que aportar al Estado el 17% de las ganancias como mínimo, el que podrá incrementarse como consecuencia del proceso licitatorio. Queda a elección del oferente el departamento en que se emplazará la sala de juego. En cuanto a los requerimientos edilicios, Alonso enfatizó que “las salas deben ser de excelencia para que no se transformen en garitos o lugares oscuros”.

La del Gran Mendoza deberá tener capacidad para 1.000 personas; las del Sur y el Este, para 400 y la de Valle de Uco, para 300. Exceptuando la del Gran Mendoza, todas las salas de bingo deberán poseer un anexo de tragamonedas que será explotado por el Instituto. Tendrán, además, servicio de bar, confitería y restorante.

Cabe señalar que, hasta la sanción de la ley 7.139, los bingos estaban prohibidos. De la recaudación que se llevará el Estado (como mínimo el 17%) el 20% quedará para el Municipio de instalación, el 50% para los municipios de la región en la que se instalará la sala y el 30% restante para el Instituto de Juegos. La ley establece que los ingresos que reciba cada Comuna por el bingo deben ser utilizados “para el desarrollo de políticas sociales”. Del primer ejercicio el Instituto de Juegos deberá destinar $600.000 al Fondo Provincial del Deporte.

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