Edición Latinoamérica
18 de Agosto de 2019

La Ley de turf pierde oportunidades frente a las divergencias del sector

Varios sectores que luchan por llevar adelante su proyecto de Ley del Turf no consiguen un acuerdo y la multiplicidad de criterios y poryectos atenta contra la aprobación de una legislación a corto plazo.

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esde el sector de la hípica argentina se ha pedido reiteradamente al Poder Ejecutivo y a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires una Ley del Turf que apoye el desarrollo y la revalorización de esta industria. La misma no debe ser un emparche más o menos ecléctico de posiciones contrapuestas, como ya sucedió en el pasado, sino una ley ampliamente comprensiva e integral que desde la posición del bien común legisle sobre la problemática de la actividad.

Con el correr de los meses, se ha podido comprobar que la unanimidad del deseo no ha ido acompañada por una idéntica unanimidad respecto de las propuestas. Los caminos se han dividido y vuelto a dividir en centrífugas direcciones, y hoy hay varios proyectos en curso.

La mesa permanente y el Jockey Club suscribieron hace ya unos cuantos meses un texto; pero, a su vez, los propietarios porteños propugnaron otro. Los platenses, por su lado, abogaron por el suyo divergente en diversos aspectos.

Las diferencias van de lo formal a lo más profundo. El margen, por ejemplo, sobre la quita en las apuestas y el famoso 10 % de las agencias: si la norma debe prever un marco posible y dejar ciertas libertadas a los hipódromos, o fijar porcentajes definitivos, es una de las cuestiones. Pero no las únicas. Obviamente, esta falta de acuerdo en la actividad juega en contra de la idea primigenia y central. Si dentro del turf no se logra un mínimo grado de consenso, mal puede exigirse que lo tengan desde el Gobierno y la Legislatura.

En las recientes semanas se han producido intentos de acercar posiciones en distintos niveles: gubernamental-instituciones, hipódromo-hipódromo, gremios-gremios... Estos esfuerzos corresponden que se hagan, primero porque fue desde la industria que se abogó por la sanción de una norma de este tipo; y segundo, porque se han comprometido voluntades como la del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que bajo ningún concepto deberían ser defraudadas.

Desde Buenos Aires existe disposición para negociar y aun para ceder en distintos puntos, pero no con relación al simulcasting con introducción de carreras del extranjero. En la mesa y en los gremios se resisten a esa posibilidad porque, según la mayoría de sus miembros, se daría de cabezas con lo mismo que se ha venido defendiendo y con los dichos del propio gobernador Solá cada vez que ha salido a hablar de esta industria como fuente de trabajo y de producción. Consideran una contradicción, por un lado bregar por la industria en general y por el otro supeditar todo al negocio ocasional de uno o más hipódromos en detrimento del conjunto de la actividad.

La intención primera, aseguran desde varios sectores, es seguir luchando para obtener una redacción coherente y sin contradicciones. La idea es ofrecer al Poder Ejecutivo y a la Legislatura un texto sustentable, francamente favorable a los intereses de la industria y digno de ser plasmado en ley. Pero será el curso de los acontecimientos el llamado a pronunciar la última palabra.

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