Edición Latinoamérica
20 de Agosto de 2019

Paralizan los arreglos en el casino estatal de Mendoza

Una resolución judicial detuvo momentáneamente el inicio de las obras de refacción y ampliación del Instituto de Juegos y Casinos en la sala estatal programado para la semana próxima. Los trabajos debían concretarse en 120 días.

L

a jueza María Eugenia Ibaceta, titular del Juzgado Civil 24 de Mendoza, ordenó al Gobierno provincial “abstenerse de ejecutar la resolución Nº 1.134 AOP de fecha 20 de agosto” de adjudicación a la empresa Oha Construcciones SRL de las mejoras del edificio de San Martín y Brasil, que debían concretarse en 120 días por un monto total de $3.494.750.

De esta forma, la jueza se tomará su tiempo para evaluar si da lugar al recurso de amparo interpuesto por Tam SA, una firma cordobesa que participó de la licitación y que perdió frente a la oferente local. En su escrito, la demandante denuncia el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de “dilapidar 3,5 millones de pesos en una obra que cuesta menos de 2,5 millones” y de “modificar a último momento” el presupuesto oficial destinado a dicha obra en $500 mil.

La documentación que revela el largo y reñido proceso licitatorio en el que resultó vencedora Oha Construcciones SRL ingresó el martes pasado al Juzgado que conduce Ibaceta. En este escrito los querellantes acusan a los funcionarios de Obras no sólo de desestimar “una oferta razonable perjudicando al erario público en 1 millón de pesos” sino de haber “desoído a la Fiscalía de Estado”. Es que, según consta en los antecedentes, la Fiscalía le habría aconsejado al Consejo de Obras Públicas -el mismo órgano que le aconsejó al ministro Diego Grau dejar fuera de carrera a Tam SA- solicitar a la empresa “información contable complementaria” a fin de no desechar de plano la oferta de los cordobeses.

De acuerdo a lo publicado por el Diario Uno de Mendoza, el ingeniero Ricardo Tomba, director de Administración de Contratos de Obras Públicas, aseguró que una de las principales razones por las que se desaconsejó tomar la propuesta de la constructora, pese a ser la más barata, es que ésta no pudo demostrar capacidad financiera. El funcionario se apoyó en argumentos técnicos y sostuvo que los antecedentes de la firma, cuya constitución como sociedad anónima dataría de octubre del año pasado, “son insuficientes”, tanto en lo económico-financiero como con relación a los trabajos realizados.

En tanto, el análisis que realizó la comisión de preadjudicación destaca las condiciones de Oha para realizar la obra: el texto, firmado por dos arquitectos del ministerio y un abogado, subraya que la empresa ha sido contratista de esta repartición durante el 2000 en varios trabajos -la reparación de un sector de la Penitenciaría por un monto de $558.476, la construcción de torre y puesto de vigilancia en ese edificio ($94.839,44)- además de la ampliación y refacción del Teatro Independencia en el 2002 por un monto de $4.057.454.

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