El nuevo Observatorio Galego do Xogo reforzará la prevención y el juego responsable

Este organismo responde a un deseo de dotar de herramientas más precisas para evaluar el sector del juego en la comunidad, mediante el análisis de datos claros y contrastables.

Hay que remontarse a 2018 para encontrar el momento en el que Alberto Núñez Feijoo, entonces presidente de la Xunta de Galicia, prometió enviar ese mismo año una nueva Lei do Xogo de Galicia que actualizara la entonces vigente (y muy obsoleta) regulación de 1985.

Finalmente, esta nueva ley fue aprobada en junio de 2023, cinco años más tarde de lo prometido, y entró en vigor el 6 octubre de ese año. Exactamente dos años más tarde, y con año y medio de retraso respecto a lo previsto (abril de 2024), el Consello da Xunta ha aprobado el Observatorio Galego do Xogo.

Según Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, el nuevo organismo “estudiará, evaluará y hará un seguimiento del sector en la comunidad para garantizar un modelo de juego seguro y responsable”.

En busca de la transparencia

El Observatorio tendrá entre sus funciones la de recopilar y difundir datos objetivos sobre la evolución del juego en Galicia, además de proponer normativas relacionadas con el sector, promover campañas de sensibilización y prevención, supervisar la publicidad relacionada con el juego y servir de enlace con otros organismos nacionales e internacionales.

En aras de mejorar la transparencia, el pleno del observatorio incluye la participación de consellerías como las de Hacienda, Sanidad, Educación o Juventud; las tres universidades públicas gallegas; representantes del sector del juego; asociaciones de juego responsable y de prevención de las adicciones; y representantes de las Asociacións de Nais e Pais (ANPAs) de los centros escolares, siempre desde un punto de vista acorde con la igualdad de género.

La lucha por el juego responsable

Este nuevo observatorio viene también a intentar acallar las voces críticas por la lentitud en la tramitación tanto del organismo como de la Lei do Xogo de 2023. Para estos críticos, esta desidia fue la culpable de que se abriera, a comienzos de 2025, el cuarto casino de Galicia en Santiago, a un centenar de metros de varios centros educativos.

Ese es el principal motivo por el que se ha invitado a formar parte del Observatorio a las asociaciones de padres y madres, y también por el que la ley (con la que, según Calvo, “Galicia situouse á vangarda de España”) pone especial énfasis en todo lo relacionado con el juego responsable.

Entre las estrictas medidas contempladas en la ley está la de prohibir la concesión de créditos a los jugadores. También prohíbe la publicidad de los juegos de azar de competencia autonómica en radios y televisiones gallegas, así como en la vía pública y los medios de transporte.

Esta lucha contra la publicidad del juego ha vuelto a saltar a la palestra con motivo del Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que el Gobierno de España ha aprovechado para intentar colar una enmienda que prohíba de nuevo las promociones que usan los operadores de juego para atraer nuevos usuarios, como los últimos bonos de casinos online que ofrecen tanto dinero real como giros gratis, y cuyo uso permitió el Tribunal Supremo en su sentencia de 2024, donde anulaba varias secciones de la llamada “Ley Garzón”.

Más control en los casinos físicos

El Observatorio tendrá que informar del cumplimiento de los deberes recogidos en la normativa relativos a los diferentes establecimientos de juego de la comunidad, y orientados especialmente a la protección de los colectivos vulnerables en general, y de los menores en particular.

Así, los casinos, bingos y salas de juego y apuestas están obligados a tener un control de acceso que impida la entrada de menores de edad y de aquellas personas inscritas en el Rexistro de Prohibidos. La nueva normativa también duplicó la distancia a la que podían situarse los establecimientos de juego respecto de los centros de enseñanza y de los centros de rehabilitación de las personas con adicción al juego.

La ley también establece un límite máximo de establecimientos, así como la necesidad de pasar por un procedimiento de concurso público para poder obtener autorización para cualquier nuevo edificio destinado a los juegos de azar. Asimismo, limita a solo dos el número de máquinas tragaperras o de apuestas que pueden instalarse en locales de restauración y ocio, como bares y cafeterías.

Medidas paralelas contra las adicciones

La creación del Observatorio Galego do Jogo es tal vez la medida más relevante de cara al fomento del juego responsable, pero no la única. La Xunta es consciente de que la posibilidad de desarrollar adicciones al juego no se limita a los juegos de azar, especialmente en lo que respecta a los más jóvenes.

Por eso, a través de un acuerdo entre la Consellería de Sanidade, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes y la Fundación Galega contra o Narcotráfico, ha aprobado un programa piloto llamado “Adestrar sen pantallas, gañar en saúde”, destinado a promover el uso responsable de las tecnologías entre los menores de edad.

El objetivo de este programa, con una dotación de 20.000€, es prevenir las adicciones relacionadas con el uso compulsivo de las redes sociales, Internet o los videojuegos, mediante el fomento de las actividades deportivas como el fútbol o el baloncesto.

Para ello, se va a formar a entrenadores y monitores deportivos en los concellos de A Estrada, Vilagarcía de Arousa, Cambados y Ribeira, que trabajarán con unos 500 menores de 12 y 13 años a lo largo de un año.

El Observatorio y este programa piloto se suman a otras acciones de la Xunta en materia de lucha contra las adicciones que están ya en vigor o en proceso de tramitación parlamentaria, como el Proxecto de lei de protección da saúde das persoas menores e prevención das condutas aditivas o el Plan de prevención de condutas aditivas en Galicia