Brasil: La Justicia obliga a alertar sobre el uso indebido de planes sociales en apuestas

La Justicia Federal de São Paulo determinó que las plataformas de apuestas online incluyan en sus sitios y anuncios publicitarios avisos claros sobre el uso de recursos de programas sociales, como Bolsa Família y Benefício de Prestação Continuada (BPC), para juegos de azar.

Según publicó el diario Folha de S. Paulo, la decisión, firmada por el juez Gabriel Hillen Albernaz Andrade el 13 de junio, responde a una solicitud de Educafro y del Centro de Defensa de la Niñez y la Adolescencia Mônica Paião Trevisan. Estas entidades defienden los derechos de las poblaciones vulnerables y exigen medidas concretas contra la explotación financiera de las familias en situación de pobreza.

En abril pasado, el Gobierno federal anunció que prohibirá a los beneficiarios del Bolsa Família y del Beneficio de Prestación Continuada (BPC) hacer apuestas online, en cumplimiento de una sentencia del Supremo Tribunal Federal (STF). 

Las empresas de apuestas tienen hasta 45 días para cumplir con la determinación. La medida preliminar afecta a la Unión, a los sitios web de apuestas y al Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), que representa una parte significativa del sector.

Para Frei David, director ejecutivo de Educafro, la medida revela la omisión de las autoridades públicas ante un problema urgente.

"La decisión preliminar revela la inaceptable demora del Estado en cumplir con un deber constitucional elemental, ya reconocido por el Tribunal Supremo Federal: el de proteger a las personas en situación de hipervulnerabilidad contra la acción depredadora de mecanismos que se han apropiado de miles de millones de reales destinados a la protección social", afirmó al periódico Folha.

Además de las advertencias, las entidades solicitaron a la Justicia que obligue a las empresas a bloquear el acceso de los beneficiarios del CadÚnico a las plataformas de apuestas. La propuesta implica compartir datos del gobierno federal, como el CPF de los inscritos en el Bolsa Família, con los sitios web de apuestas, una medida que depende de la autorización judicial y la articulación del Ejecutivo.

"Se espera que las empresas cumplan la decisión judicial y que la Unión, con urgencia, avance en la formulación de una política pública eficaz, que no penalice a los más pobres, sino que los proteja frente a la explotación financiera disfrazada de entretenimiento", añadió Frei David.