En el mes de septiembre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó una propuesta de reforma tributaria, en la que se incluyeron dos artículos relacionados con el sector de juegos de suerte y azar.
Por un lado, el artículo 13 apunta a aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% al sector de los juegos de azar online, con el fin de recaudar casi COP 2,1 billones, que equivalen a más de USD 492 millones. Por otra parte, el artículo 10 propone incrementar del 20 al 25% la tarifa del impuesto de ganancia ocasional proveniente de loterías, rifas, apuestas y similares.
Recientemente, el ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, defendió que estas alzas son justificadas, dado que “hoy las plataformas de fútbol, las plataformas de apuestas deportivas son muy grandes, mueven mucha plata”, mientras que los gremios del sector mantienen su voz de alerta frente al impacto que estos incrementos traerían para la industria.
En entrevista con Yogonet, Evert Montero, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), explicó las consecuencias que estos incrementos traerán tanto para las plataformas de juegos online como para las loterías, los usuarios y las transferencias del sector salud.
Mientras que Fecoljuegos ya indicó que gravar las apuestas online haría inviable la actividad, ¿cómo creen que impactaría el incremento del 20 al 25% en el impuesto de ganancia ocasional propuesto en la reforma tributaria?
El aumento del impuesto de ganancia ocasional del 20% al 25%, propuesto en la reforma tributaria, tendría un impacto negativo considerable en el sector del juego en Colombia. Este incremento desincentivaría la participación de los jugadores, ya que recibirían un porcentaje menor de sus premios.
Actualmente, con la retención en la fuente del 20%, el jugador recibe aproximadamente el 67,2% del valor de su premio. En contraste, en el juego ilegal, donde no se aplica el impuesto de ganancia ocasional, los jugadores obtienen el 100% del premio, lo que los hace más propensos a optar por opciones fuera de la legalidad. Con el incremento propuesto al 25%, los jugadores recibirían solo el 63% de sus premios, lo que agravaría esta situación.
Este cambio desestimularía la participación en los juegos legales, provocando una migración hacia operadores ilegales que no están sujetos a estas cargas fiscales. Como consecuencia, se verían afectadas tanto las ventas del sector formal como las transferencias que este realiza en beneficio de la salud pública en Colombia. Además, el aumento del impuesto debilitaría el marco regulatorio que sustenta la industria legal del juego, poniendo en riesgo su sostenibilidad y el control sobre las actividades del sector.
Reunión de Fecoljuegos con congresistas
¿Qué acciones ha tomado Fecoljuegos en los últimos días frente a estas modificaciones propuestas?
En Fecoljuegos, hemos sostenido diálogos con representantes del Congreso de la República, medios de comunicación y otros actores clave del sector. Además, nos hemos pronunciado ante el Gobierno Nacional con el objetivo de aclarar los efectos perjudiciales que estas propuestas tendrían en la industria de los juegos de suerte y azar.
Se ha enfatizado que la base de cálculo que utiliza el Gobierno no refleja dinero real, sino créditos para participar en los juegos. Los operadores de apuestas en línea funcionan de manera diferente a otros sectores. Cuando un usuario deposita dinero en su cuenta, lo que hace es comprar créditos de participación, similar a comprar fichas en un casino para jugar a la ruleta. Esas fichas no son dinero real y pueden ser apostadas varias veces en el transcurso de los juegos, generando un monto de apuestas mayor al valor original depositado.
Por lo tanto, las cifras que el Gobierno menciona como base para aplicar el IVA no representan ingresos reales para los operadores.
Además, la industria de juegos de suerte y azar ya enfrenta una carga fiscal significativa, con un impuesto específico y directo del 15% sobre los ingresos brutos, es decir, antes de poder deducir costos. A este impuesto se suman los gravámenes generales que pagan todas las empresas en Colombia, como el 35% sobre las utilidades, el pago de parafiscales y el IVA correspondiente a los productos y servicios contratados con los proveedores.
Cargar aún más a la industria con impuestos adicionales sería perjudicial para la sostenibilidad de los operadores legales.
Por otra parte, Fecoljuegos ha presentado datos verificables para demostrar que aplicar un impuesto sobre el valor total de las apuestas o incrementar el porcentaje de retención sobre las ganancias ocasionales afectaría tanto a los usuarios como a la viabilidad de los operadores legales. Con lo mencioné anteriormente, estas medidas desincentivarían el juego legal, reduciendo las transferencias destinadas a la salud y poniendo en riesgo miles de empleos.
Nuestro objetivo es lograr un marco fiscal justo y sostenible que no solo proteja a los jugadores y operadores legales, sino que también continúe contribuyendo de manera significativa a la salud de los colombianos y a la economía del país.
¿Ha habido una respuesta por parte del Gobierno?
El diálogo con el Gobierno Nacional continúa en desarrollo. Si bien hasta el momento no hemos recibido una respuesta definitiva, el Gobierno ha defendido su propuesta de reforma tributaria, argumentando que busca "nivelar" las plataformas online con los juegos localizados.
Sin embargo, la postura del Gobierno parece subestimar las implicaciones de gravar este tipo de actividad, omitiendo el hecho de que las plataformas de apuestas en línea ya están sujetas a un esquema tributario diferente y más acorde con su funcionamiento.
¡Aclaramos los mitos sobre las apuestas online!
— Fecoljuegos (@Fecoljuegos) October 21, 2024
🔎Mito: ¿La ganancia de la casa es todo lo que se apuesta?
✅Realidad: En Colombia, el promedio del retorno al jugador supera el 95% pese a que la obligación es del 83%.
¿Tienes dudas? Cuéntanos acá abajo en los comentarios. pic.twitter.com/sXtJ61ri6x
Seguimos presentando argumentos sólidos respaldados con datos y hemos resaltado que este enfoque de gravar el valor bruto carece de precedentes y podría imponer una carga fiscal desproporcionada, lo que desincentivaría la inversión en la industria y podría llevar a que los jugadores migren hacia plataformas ilegales.
Estamos convencidos de que, a través de un diálogo abierto y constructivo, y con la colaboración de otros actores, podremos encontrar una solución que garantice la sostenibilidad de la industria y el mantenimiento de nuestras contribuciones al país.
¿En qué otras estrategias trabaja actualmente Fecoljuegos para reducir el impacto de medidas como las propuestas?
En Fecoljuegos estamos desarrollando un conjunto de estrategias integrales para mitigar el impacto de las medidas propuestas en la reforma tributaria. En primer lugar, estamos socializando de manera exhaustiva el impacto económico de estas medidas, destacando no solo cómo afectan las finanzas de los operadores, sino también las contribuciones del sector al sistema de salud y al empleo en Colombia.
Esta información incluye proyecciones de distintos escenarios, lo que nos permite comunicar con mayor claridad las consecuencias reales de las medidas propuestas.
Además, se está llevando a cabo un estudio de caracterización y análisis del sector de juegos de suerte y azar, en colaboración con la Universidad del Rosario, lo que nos brinda un respaldo académico para sustentar nuestras posiciones.
Paralelamente, hemos desarrollado una estrategia de comunicación, que incluye la realización de talleres para periodistas, así como la creación de reels, videos, publicaciones y pronunciamientos en redes sociales y otros medios, con el objetivo de informar sobre la realidad de nuestra industria y los efectos de la reforma.
También hemos socializado el modelo de negocio del sector con integrantes del Congreso de la República, asegurando que tengan una comprensión más profunda de su funcionamiento y contribución económica.
Reunión de Fecoljuegos con congresistas de la bancada del Centro Democrático
Asimismo, hemos fortalecido la búsqueda de alianzas con otros sectores, consolidando un frente común para presentar propuestas conjuntas, lo que incrementa la efectividad de nuestras gestiones ante el Gobierno. Además, impulsamos iniciativas que promuevan el juego responsable y medidas que favorezcan la formalización de la industria, evitando que los jugadores migren hacia plataformas ilegales.
Con estas estrategias, buscamos seguir contribuyendo al desarrollo económico del país, manteniendo un equilibrio entre los objetivos fiscales y la estabilidad de nuestra industria.
Ante el panorama del juego ilegal que muestra un incremento en Latinoamérica, ¿de qué manera se trabaja desde Fecoljuegos para hacerle frente a esta problemática?
El incremento del juego ilegal en Latinoamérica, y puntualmente en Colombia, es un desafío significativo que debe abordarse con firmeza, especialmente ante el riesgo de que un sistema impositivo elevado empuje a los jugadores hacia plataformas no reguladas.
Desde Fecoljuegos, hemos desarrollado diversas estrategias para enfrentar esta problemática. Nos enfocamos en informar al público sobre los riesgos que implica el juego ilegal, resaltando los beneficios de utilizar plataformas reguladas que ofrecen mayores garantías de seguridad y transparencia. Paralelamente, trabajamos de manera estrecha con las autoridades para fortalecer la detección y sanción de operadores ilegales, asegurando así la protección del sector formal.
También hemos presentado varias propuestas, como la creación de un registro de proveedores de juegos integrados para las plataformas de juegos en línea, e iniciativas que buscan controlar los flujos de dinero a través de las diferentes pasarelas de pago, de modo que no sean empleadas por la operación ilegal.
Además, consideramos esencial que la ilegalidad se establezca como un delito transnacional, ya que las medidas actuales, como el bloqueo de páginas, no son suficientes; esta solicitud se hizo al Ministerio de Justicia.
Con las iniciativas anteriormente mencionadas y otras, buscamos fortalecer el marco legal y garantizar un entorno de juego más seguro y justo, salvaguardando los recursos que la industria legal aporta a la economía y al sistema de salud del país.