Una nueva ordenanza del Ministerio de Hacienda permite mantener fuera del país los sistemas y datos de las apuestas

La Ordenanza SPA/MF nº 722, publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU) por el Ministerio de Hacienda, abrió una situación excepcional y autorizó a los operadores de apuestas deportivas y juegos en línea de Brasil a mantener sus sistemas y datos respectivos en centros de datos situados fuera del país. 

"Excepcionalmente, se ha establecido la posibilidad de que los sistemas y datos puedan estar fuera del país, pero bajo la observancia de criterios específicos: deben estar en países que tengan Acuerdo de Cooperación Jurídica Internacional con Brasil, en materia civil y penal conjuntamente, y siempre que se observen las determinaciones de la Ley General de Protección de Datos (LGPD) - Ley nº 13.709/2018", indica la ordenanza.

Para que haya una fiscalización efectiva, el reglamento impone a los operadores la obligación de enviar a la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) datos sobre apuestas, apostadores, carteras de apostadores, destinos legales y otras informaciones sobre sus operaciones.

La medida evita costos adicionales a los operadores internacionales que quieran instalarse en Brasil

Además, la SPA podrá, en cualquier momento, solicitar informaciones adicionales al agente operador, establece la ordenanza.

Otra obligación para el agente operador será presentar un plan de continuidad del negocio de Tecnología de la Información (TI), en caso de situaciones críticas que puedan poner en riesgo la operación y los datos, que contenga como mínimo: mapeo de escenarios probables de pérdida; identificación, análisis y evaluación de riesgos; acciones de prevención y mitigación; y designación de responsables.

Por último, el centro de datos utilizado debe contar con la certificación ISO 27001.

La medida evita costes adicionales a los operadores

Caio de Souza Loureiro, socio del área de Gaming & E-sports de TozziniFreire Advogados, declaró al portal BNLData que la solución encontrada por el Gobierno atiende a dos preocupaciones importantes: garantizar el control efectivo del país, por un lado, y evitar costes innecesarios, por otro.

"Aunque la obligación de instalar centros de datos en el país atiende mejor al primer punto, resulta en un gasto adicional, lo que podría alejar a los operadores que están consolidados en todo el mundo", señaló.

Según Loureiro, estos operadores ya cuentan con estructuras sólidas y la instalación de una más podría expulsarlos del país. "Al vincular la autorización para instalarse fuera de Brasil a los países con acuerdos de cooperación judicial civil y penal, la norma mantiene la eficacia de las inspecciones y de cualquier medida adoptada por las autoridades brasileñas", afirmó.