La Comisión de Juegos de Puerto Rico (CJPR) conmemoró los 75 años de la aprobación de la ley que en 1948 le dio paso al desarrollo de la industria de los juegos de azar, regulada por el Gobierno.
En ese marco, realizaron una ceremonia en el Antiguo Casino de Puerto Rico. El director ejecutivo interino de la CJPR, Jaime Rivera Emmanuelli, se refirió al aniversario y destacó que el propósito de la legislación fue fomentar la actividad turística en la isla mediante la autorización de los casinos y las máquinas tragamonedas.
“Este objetivo se cumple constantemente si consideramos que la Isla cuenta con un creciente catálogo de ofrecimientos turísticos, al que recientemente se han sumado los juegos y apuestas deportivas a distancia”, expresó el funcionario en declaraciones publicadas por el medio local El Vocero.
“Con la aprobación de la Ley 221 de 15 de mayo de 1948, se estableció en la Isla el marco legal para salvaguardar la transparencia en los juegos de apuestas, mediante la regulación. El marco legal viabilizó la creación de una industria formal, fiscalizada por el Gobierno, con miras a asegurar a los turistas y a los locales las mayores garantías de pureza de los juegos. Por otra parte, la regulación permite que estos hagan importantes aportaciones al fisco”, agregó.
El director ejecutivo informó que, al presente, la industria cuenta con 18 casinos y que los fondos que generan son distribuidos entre los casinos, el Gobierno central, los programas educativos de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda y la Compañía de Turismo.
Durante los pasados 10 años (2013-2023), el Gobierno recibió un total de USD 1.369.835.368, específicamente la UPR recibió USD 619.801.948, Hacienda USD 212.735.360 y la Compañía de Turismo USD 537.298.058.
“La Comisión de Juegos, como organismo regulador, vela por el cumplimiento de los procedimientos de licenciamiento, supervisión y fiscalización de los casinos, las tragamonedas y las apuestas deportivas. Cada casino debe contar con una licencia para poder operar. De este modo, establecemos un buen balance entre la libre operación de los casinos y los intereses del Estado y su gente”, puntualizó Rivera Emmanuelli.