Con una consulta al TDLC

Chile: Corporación Meier busca suspender la adjudicación de los casinos de Talca y San Antonio

29-09-2022
Tiempo de lectura 3:15 min

La Corporación Meier abrió en Chile una consulta ante el Tribunal de Defensa de la LIbre Competencia (TDLC), denunciando una serie de irregularidades en torno a las bases de licitación de los últimos dos concursos de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), que permitió la renovación de 10 de las 14 licencias ofertadas.

Por diferentes razones, quedaron pendientes en el proceso las plazas de Talca, San Antonio, Antofagasta y Rinconada, entre los años 2021 y 2022. Los representares de Corporación Meier, los abogados Andrés Fuchs y Nader Mufdi, en la demanda que fue admitida a mediados de septiembre señalan que el problema más serio es que, en el documento del regulador se “facilitan la colusión” y se permite que se establezcan “injustificadamente” condiciones para un potencial abuso de dominancia.

El grupo peruano es el actual operador del casino en Talca, y tiene una parte del Casino de Puerto Natales. Sin embargo, aspira a ampliar su cuota de mercado en Chile con la adjudicación de San Antonio, y continuar con la licencia de la capital regional de la VII Región.

En su documento de 44 páginas, el grupo operador asegura que es un actor que busca posicionarse como un “agente relevante” en el sector de entretenimiento. Pero insiste en que “las definiciones adoptadas en el proceso licitatorio por la SCJ, repercuten en sus posibilidades de desafiar a Dreams, Enjoy y Marina del Sol, los grandes operadores de esta industria, lo que dan cuenta de su interés por que las condiciones de competencia en los mercados relevantes indicados supra sean las más altas posibles”.

El objetivo del grupo peruano es que el TDLC suspenda los procesos de licitación abierto, para modificar las bases de licitación. La cadena detectó tres defectos en las bases de licitación de la SCJ, y busca que el Tribunal se pronuncie para resolverlos.

Aducen que para obtener un permiso de operación, se debe alcanzar como mínimo el 60% de la suma total de los puntajes ponderados establecidos en la evaluación técnica, y si pasa este ítem, el participante gana con la oferta económica más alta. El problema, detallan los representantes de Corporación Meier, se produce en la etapa técnica porque la revisión se hace de forma distinta, dependiendo de si se trata de una incumbente o un entrante.

Según revelaron, el reglamento permite a los operadores renovantes optar automáticamente por cumplir con el porcentaje total, y saltar directamente a la presentación económica. A esto se suma que el incumbente puede comprometer una inversión mínima, pero justificar que el 80% de ese monto son parte de obras existentes en función del avalúo fiscal. El resto se considerará parte del programa de obras nuevas, explicó Meier.

Enlazado con el punto anterior, un segundo conflicto es que las bases de licitación contienen requisitos que dificultarían la participación de oferentes por la falta información que otorgan las autoridades para armar la ficha técnica. “Hay diversos factores para obtener puntaje en la evaluación de la oferta técnica, que dependen de criterios discrecionales de los entes que deben otorgarlos, lo que puede afectar las condiciones de certeza que eventuales postulantes requieren para decidirse a desafiar al incumbente”, aduce el grupo peruano.

Además, Grupo Meier añadió que el documento “omite” mecanismos para atenuar las limitaciones que sufrieron los operadores extranjeros durante la pandemia de COVID-19, producto de las medidas para controlar la pandemia.

“Las autoridades adoptaron una serie de medidas que limitaron el desplazamiento e ingreso al territorio nacional, lo que impidió que a agentes económicos extranjeros, sin presencia en Chile, les fuera posible participar en los procesos licitatorios. En efecto, las bases de licitación contemplan distintas exigencias, vinculadas al desarrollo de proyectos viables, que para ser cumplidas requieren presencia en Chile en –al menos– los meses previos al inicio del proceso licitatorio”, sostuvieron.

Y por último, la Corporación denunció que las bases del concurso no toman resguardos respecto de los riesgos coordinados que se presentan: “facilitan la colusión de otros agentes económicos”.

La preocupación de Meier es que pese a que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se encuentra analizando la fusión de Dreams y Enjoy, además de una investigación por posible colusión que incluye a las dos anteriores y a Marina del Sol, no existe ninguna cláusula que permita la suspensión de la adjudicación de licencias, porque se generen hechos de este tipo.

El grupo peruano citó en su escrito, que salió a la luz de la FNE en el marco de la fusión: “la operación implicaría la concentración de los dos principales actores de la industria que participan en dichos procesos de otorgamiento de licencias, una reducción en el número de competidores y un cambio en la estructura del mercado que, en principio, podrían hacer aún más creíbles eventuales estrategias de castigo ante desvíos de eventuales prácticas colusorias”. Ahora, el TDLC solicitó a la Superintendencia, al Ministerio de Hacienda y a la FNE aportar antecedentes al proceso, por lo que el final de esta historia permanece abierto.

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