En el nuevo texto sustitutivo del expediente legislativo, presentado este jueves al Congreso, el Gobierno decidió que los premios que pagarán este impuesto serán sólo los superiores a ¢462.000 (US$ 726) y no los de ¢225.000 (US$ 354), como se pretendía en la propuesta inicial de enero.
El nuevo texto además señala que quedarían exentos del impuesto los juegos de la Cruz Roja, y los casinos y apuestas del tipo electrónicas.
Con este impuesto, el Gobierno aseguró a las autoridades del FMI que podrían recaudar anualmente ¢41.800 millones (US$ 65,75 millones), es decir, un 0,12 del Producto Interno Bruto (PIB).
La oposición ha dicho que este impuesto no es conveniente, pues favorecería a las loterías clandestinas o ilegales y, con ello, se verían afectados los ingresos de la Junta de Protección Social.
La nueva propuesta además determina que se gravaría cualquier tipo de lotería, y ya no sólo la de la JPS. Además de este texto, el Ejecutivo presentó cambios a otros tres expedientes: el de reducción de exoneraciones fiscales e impuesto al salario escolar, al de impuesto a las propiedades de lujo y al del aporte de las utilidades de las empresas públicas.