La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a las apuestas deportivas y sólo resta la sanción presidencial

A las 15:00 horas de ayer, la propuesta ya estaba en la Agenda del Pleno de la Cámara de Diputados. El relator de la propuesta en la Cámara, el diputado Moses Rodrigues (MDB-CE), votó por el rechazo de las tres enmiendas aprobadas en el Senado a la PLV 12/2021, manteniendo íntegro el texto originalmente aprobado en forma de Proyecto de Conversión de la Cámara de Diputados.

De acuerdo a lo informado por el portal BNLData de Brasil, uno de los temas incluidos por el relator en el texto es el cambio en la distribución de lo recaudado por las apuestas deportivas.

"La experiencia en Europa muestra que es mejor adoptar como base el beneficio bruto del operador, proporcionando flujos estables de ingresos públicos y primas y haciendo que los apostantes utilicen los servicios de los operadores locales", dijo el ponente.

Así, en lugar de los porcentajes de recaudación bruta definidos por ley, Moses Rodrigues propone que del total recaudado, las primas vendrán primero, sin fijar el monto, el monto del impuesto sobre la renta incidente (30%) y la porción de la seguridad social (0,10% para apuestas en medios físicos y 0,05% para apuestas en medios virtuales).

Actualmente, los ingresos brutos se dividen principalmente entre premios, el operador de lotería, el Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), la seguridad social, los clubes que han cedido sus derechos de imagen y las escuelas que logren metas de desempeño en los exámenes nacionales.

Con la nueva reglamentación, de lo que queda de la primera división, el 0,82% quedará en las escuelas, el 2,55% para la FNSP, el 1,63% para los clubes y el 95% para los operadores de loterías, que deberán licitar sus permisos para explotación de estas modalidades de apuestas.

A su vez, el texto especifica que estarán sujetas a control financiero las empresas que realicen cualquier tipo de operación de lotería con pago de premios en efectivo o en inmuebles. Este control lo realizan los bancos y otras instituciones financieras, que deben presentar informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco Central.