La sala de juegos cerró el pasado 13 de marzo a causa de las restricciones por el COVID-19 en Uruguay. La misma tiene una explotación mixta entre el Estado y la empresa Vida Plan Sociedad Anónima, la cual a su vez acumula una deuda de miles de dólares, en concepto del alquiler del local a la familia Sagasti.
El pasado mes de agosto, los directivos de la empresa no le permitieron ingresar a trabajar a los funcionarios del casino y, además, anunciaron que se retiraban del negocio.
Desde esa fecha, los empleados del casino solo cobran un salario mínimo de aproximadamente $ 18.000 pesos, y no perciben las compensaciones que les triplican ese salario.
Se les informó desde la dirección de Casinos del Estado que se pretende redistribuir a todo el personal en otros casinos del interior del Uruguay, lo que supondría, según ellos, el desarraigo de sus familias.