La Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas (CONFAD) aprobó su plan nacional para el periodo 2020-2021, con cuatro grandes áreas de trabajo —análisis y diagnóstico, divulgación y sensibilización, control y seguimiento, y estudio de la regulación y operativa vigente— y el objetivo de abarcar un amplio espectro de actuaciones. La CONFAD es presidida por el Ministerio de Consumo, en coordinación con el Consejo Superior de Deportes, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Tenis, LaLiga, la Asociación de Futbolistas Españoles, Bet365, Sportium, Codere y GVC Holdings.
"La creciente relevancia y constante evolución de la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas evidencian la necesidad de tener un enfoque eficaz en la lucha contra esta práctica", señala la CONFAD, cuya presidencia rotatoria corresponde en estos momentos al director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, Mikel Arana.
El plan nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas articula un total de 21 medidas para los años 2020 y 2021.
Pone el acento en la necesidad de mejorar el conocimiento sobre el fenómeno de la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas, con vistas a potenciar la prevención de prácticas fraudulentas. Sus ocho medidas sentarán las bases para un primer conocimiento objetivo compartido por todos los miembros de la comisión.
Deportistas, entrenadores y otros participantes en las actividades deportivas, así como cualquier actor de relevancia en el ámbito del sector de las apuestas, deben ser ampliamente conocedores del marco jurídico vigente, de las limitaciones a las que están sujetos y de los riesgos y amenazas existentes en este ámbito.
Sus cuatro medidas tienen por objeto mejorar las actividades de monitorización y seguimiento actualmente existentes, potenciando los canales de transmisión de información y el trabajo conjunto de todos los actores y entidades implicadas en la lucha contra la manipulación y el fraude.
Asegura que el marco jurídico se ajusta con la mayor precisión posible a la realidad. Su actualización permanente es especialmente importante ya que la situación se agudiza por el cambio constante y las novedades tecnológicas.