Casinos Marina del Sol, que opera tres de los doce casinos licitados en 2006, señaló en un comunicado que la legislación que posibilitó estas inversiones, que en su caso fueron de US$ 290 millones, establecía un derecho preferente para la renovación de las licencias por 15 años.
Desde la empresa aseguran que en una modificación posterior de la ley, se mantuvo esa “seguridad jurídica”, pero “desde mediados de marzo de 2020, sorprendidos constatamos que la Superintendencia de Casinos de Juego, faltando a la Fe en el Derecho, actúa como si el inciso 5° no dijera lo que expresa, sino todo lo contrario”, aludiendo a la modificación legal que -a su juicio- mantenía el derecho preferente de renovación.
El 9 de marzo, la SCJ publicó las bases preliminares para la renovación de 12 licencias de juego, donde establece que los actuales competidores podrán justificar hasta 80% de inversión mínima requerida en obras existentes. El proceso no ha avanzado mayormente dado la pandemia.
“De este modo priva a la industria de los flujos futuros que motivaron la decisión de inversión y horada las bases de la industria frente a los agentes de financiamiento, en definitiva, la destruye. Esto ocurre en plena crisis sanitaria, pero ese no es el fondo del problema, sino otro: un Estado Constitucional de Derecho que no actúa como tal”, dice la información oficial que circuló en diversos medios de comunicación.
Por eso, la empresa llamó al subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, que preside el consejo resolutivo de la Superintendencia, para corregir esto. “Lo esencial es que Chile sea un país serio y confiable, uno que respete y no traicione la fe de los inversionistas”, recalcó. La comunicación de la empresa se suma a una carta que enviaron a la misma autoridad desde el gremio de los casinos, la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ).