Los operadores valencianos piden aplazar la aprobación de la Ley del Juego

El anuncio de las Cortes Valenciana de retomar su actividad encendió todas las alarmas entre los empresarios del sector, que son conscientes que, con el actual redactado de la Ley, más de 400 salones de juego deberán cerrar sus puertas en toda la Comunidad Valenciana y 2.500 personas perderán su puesto de trabajo a partir del instante que la Ley entre en vigor, a finales de este mes de mayo.

Para Rafael Asensio, “si bien la ley era lesiva para los intereses empresariales antes de la crisis del coronavirus, ahora es letal alrededor de 3.000 familias que perderán su empleo sin alternativa de encontrar otro, dada la situación creada por la paralización de la economía y el incremento súbito del paro”.

Los más de 400 salones de juego de la Comunidad Valenciana dan empleo directo a casi 3.000 personas, y generan una tributación de 78 millones de euros, que recauda la Generalitat Valenciana dado que el juego es competencia autonómica.

“No parece lógico -afirman los empresarios de los salones- que desde el Gobierno Regional se reclame legítimamente mejor financiación al Gobierno Central, y luego se renuncie a unas de las vías de ingresos que la Generalitat valenciana tiene garantizada”.

El portavoz de los empresarios, Rafael Asensio, recordó que 78 millones de euros es una cantidad de dinero a la que la Generalitat no puede renunciar, dada su importancia, “solo por citar un ejemplo es un 50% más de lo que el Ministerio ha dedicado al Plan de vivienda para toda la Comunidad”.

Los empresarios de Salones de Juego recuerdan que el cierre de los salones será irremediable, si se aprueba la ley en el pleno de mayo y afectará no solo al empleo y a los ingresos de la Generalitat Valenciana, sino a otros sectores como el de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS), dado que muchos salones son de alquiler, la distribución de bebidas, entre otros.

Desde el sector se reclama una negociación con el Gobierno regional, que permita salvar empleos y evite el concurso de acreedores a muchas empresas que a día de hoy son rentables y generan un empleo estable y de calidad. Afirman los empresarios que “no sería comprensible añadir más problemas económicos y sociales” a todos los derivados por la crisis del coronavirus.