La Junta de Protección Social busca sancionar actividades de loterías y juegos de azar ilegales

En los últimos días, la Junta de Protección Social (JPS) de Costa Rica presentó una iniciativa que pretende regular y sancionar actividades relacionadas con loterías y juegos de azar, que no sean autorizados ni desarrollados por esa institución.

El diputado del PLN y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gustavo Viales, presentó el proyecto "Prohibición de Actividades Relacionadas con Loterías y Juegos de Azar No Autorizados por la Junta de Protección Social y que Afectan las Utilidades Generadas para Financiar Programas Sociales", con el objetivo de proteger los recursos que la Lotería permite generar para el financiamiento de programas destinados a la población en vulnerabilidad o pobreza, a raíz de la proliferación de ventas de juegos ilegales.

"Mientras en ventanas y puestos comerciales ofrecen juegos ilegales, Costa Rica enfrenta esa ilegalidad con un marco jurídico obsoleto que impide poner freno a los capitales de dudosa procedencia que los financian", indicó Esmeralda Britton, presidenta de la JPS.

La iniciativa plantea que las municipalidades y los concejos municipales de distrito serán los responsables de realizar la sanción administrativa y fiscalizar de que no se realicen en su jurisdicción territorial, actividades ilegales relacionadas con lotería preimpresa o electrónica, apuestas deportivas, video loterías y otros juegos de azar, que no sean autorizados por la Junta de Protección Social.

"Esta propuesta de ley no solo quiere sancionar al vendedor o comerciante, sino que además quiere atacar las estructuras que reclutan a personas que se dedican a comercializar a Lotería Nacional de la JPS, para movilizar la venta de estos otros productos clandestinos", señaló Viales.

Por su parte la diputada del PAC y secretaria de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Carolina Hidalgo, argumentó que "es necesario un mayor resguardo de estas para que las y los costarricenses tengan seguridad de que el dinero que invierten vaya precisamente a estos programas y no a otro tipo de negocios".

Los destinos por concepto de multas y bienes decomisados se destinarán en un 50% a favor de la JPS para distribuir en programas sociales financiados por ésta, y de un 50% para los programas de seguridad y combate al crimen organizado y la legitimación de capitales. Por otra parte, los recursos provenientes por imposición de multas municipales, un 50% va destinado a la Municipalidad o al Concejo Municipal de Distrito que haya hecho la denuncia ante la sede penal, para reforzar su presupuesto en materia de fiscalización del comercio y seguridad, y el 50% se transferirá a la JPS, para distribuir en programas sociales financiados por ésta.