La Comunidad de Madrid dedicará el 0,7% de los impuestos que recaude sobre la actividad del juego, estimada en torno a un millón de euros, a políticas de prevención y tratamiento de la ludopatía, según anunció este jueves el presidente regional, Ángel Garrido. El Poder Ejecutivo prepara un decreto con el que obligará a instalar controles de entrada que eviten el acceso de menores a las casas de apuestas, y en el que analiza incluir una distancia mínima de separación entre estos locales y los colegios e institutos.
La aprobación de la nueva normativa está prevista para principios de abril por parte del Consejo de Gobierno regional, con la cercanía de las elecciones autonómicas y la Asamblea sin actividad legislativa.
"Vamos a ser más garantistas y próximamente vamos a aprobar un decreto que endurecerá aún más los controles de acceso a la entrada. Nos importa, y mucho, el problema de la ludopatía", afirmó Garrido durante la sesión de control al Gobierno durante el Pleno de la Asamblea regional.
La gestión actual impulsó en 2017 cerca de 23.000 actuaciones inspectoras en salones de juego y locales de apuestas, de las cuales 22 desembocaron en expedientes sancionadores relacionados con menores, según detalla la Comunidad de Madrid en un comunicado. Garrido informó además que la sanidad pública madrileña cuenta con programas para las personas que padecen esta adicción.
"Su absoluta despreocupación ha quedado clarísima, mientras se multiplican los jóvenes que acceden a las casas de apuestas, haciendo frente a este problema solas", objetó Clara Serra, la portavoz de Podemos, quien llevó este asunto hasta la Cámara a través de una pregunta de control. "Su decreto llega una legislatura tarde y nos creemos poco sus promesas en sede parlamentaria", agregó.
En ese proyecto, el Gobierno regional también prevé intensificar la exigencia para que la rotulación de estos salones de juego y salas de apuestas no oferte juegos no autorizados en los locales, y el decreto también establecerá que las autorizaciones de funcionamiento del juego no serán transferibles, salvo que sea una persona física por mortis causa. Además, se exigirá que los locales de apuestas solo puedan ser explotados y gestionados por las empresas autorizadas por la administración autonómica.