El futuro del Casino Flotante de Buenos Aires abre una batalla política en el Gobierno

El futuro del Casino Buenos Aires es, en la actualidad, materia de estudio y discusiones dentro y fuera del Gobierno, tanto a nivel nacional como en la Ciudad: de su funcionamiento dependen casi 3.000 empleados y genera a las arcas urbanas más de cuatro millones de dólares mensuales en concepto de impuestos.

Su licencia vence en el mes de octubre de 2019, y hoy es operado por una fusión de empresas conformada en un 50% por Cirsa, un 25% por el Hipódromo Argentino de Palermo y el otro 25% por la firma Inverclub.

La legisladora y referente política del Gobierno, Lilita Carrió, sostiene que los dos barcos casino son “un símbolo” de la anterior gestión política en relación al juego, y reclama que el mismo sea cerrado definitivamente, o en su defecto pase a manos del Estado.

Por su parte, Cirsa ya presentó meses atrás un amparo ante la Justicia para lograr una prórroga del contrato, lo que les permitiría explotar el casino por otros cinco años, posibilidad que figura en el pliego de concesión vigente.

Cabe recordar que al asumir el Gobierno el presidente Macri, se decidió cobrar impuestos retroactivos a la sala, lo que permite a los operadores albergar esperanzas de un visto bueno por parte de la Justicia Argentina en este pedido de prórroga. Pero según el periódico digital “La Política Online”, el magistrado que recibió el expediente se mostró “desconfiado” y prefirió hacerse a un lado de la decisión, al señalar que "es un problema de la política que debe solucionar la política", según una fuente anónima citada por el mencionado periódico digital. Lo cierto es que el amparo judicial por el casino fue presentado en el mes de marzo y, a la fecha, el juez aún sigue sin pronunciarse.

Finalmente quedan las fuentes de trabajo de miles de personas como gran tema a analizar por parte del Estado, que en tiempos de crisis económica deben ser doblemente consideradas. Por ello, Ariel Fassione, secretario gremial de Aleara (sindicato que agrupa a los empleados del Casino), señaló que ante la gran incertidumbre reinante, la empresa comenzó a ofrecer retiros voluntarios, lo que el Sindicato rechaza fuertemente. "Estamos en estado de alerta", aseguró, y adelantó que comenzará a trabajar en forma conjunta con el Gobierno para lograr la estatización del barco y "evitar la pérdida de las fuentes laborales".