El Senado de Puerto Rico llamó a sesión extraordinaria y, finalmente, impuso cargos de USD 3.000 para todas las tragamonedas que operan en el país. Con esta medida, las autoridades esperan percibir 69 millones de dólares, puesto que en la isla funcionan alrededor de 23.000 slots.
El proyecto 1142, aprobado ayer por el Alto Cuerpo, enmienda el Código de Rentas Internas e impone un pago por derechos para operar máquinas de entretenimiento. “Cada vez son más los contribuyentes que solicitan licencia para operar juegos electrónicos en vez de máquinas de entretenimiento para adultos”, establece el documento.
Los cargos de 3.000 dólares se aplicarán en concepto de derechos para operar máquinas de juegos electrónicos manipuladas con monedas o fichas y máquinas de videos y juego electrónico con material de violencia de índole sexual. Por su parte, velloneras, mesas de billar y máquinas para menores tendrán que abonar 300 dólares.
“El Departamento de Hacienda ha detectado un fenómeno altamente interesante en cuanto a la expedición de licencias y, por ende, el pago de derechos conforme a la Ley 1-2011”, argumentan los autores del proyecto.