Por eso, la Tesorería de Nuevo León anunció, según informa el portal El Norte.com, que los 21 casinos que operan en esa jurisdicción serán auditados.
José Antonio Canizales, director de Fiscalización, indicó que las auditorías están en proceso con el propósito de validar el comportamiento en el pago de los impuestos y cumplir la meta de recaudación. Cuatro de las 21 salas ya fueron auditadas.
El Estado y el Congreso estimaban obtener este año alrededor de 1.000 millones de pesos (52 millones de dólares, aproximadamente) a través de los tributos a los casinos, pero tras el primer trimestre del 2017 la recaudación real es de apenas 22 millones de pesos (aproximadamente un millón de dólares), muy por debajo de la expectativa.
El principal impuesto, con el que se espera una recaudación de 943 millones de pesos (poco más de 49 millones de dólares), es un cargo del 10% al consumo de los clientes. Se corroboró que varios negocios sí lo están cobrando, pero no el 10% sino en un rango que va del 7 al 7,5%.
“Como es un nuevo impuesto, puede ser que tengan distintos criterios”, indicó el director de Fiscalización. Pero señaló que con las auditorías podrán determinar qué se está haciendo mal y las salas tendrán la posibilidad de corregirlo y reportar los impuestos correspondientes.
Samuel García, diputado de Movimiento Ciudadano y uno de los principales promotores de los impuestos a casinos, aseguró que la Tesorería cuenta con las herramientas legales para cobrar los impuestos rezagados, independientemente de si los casinos los cargaron o no a sus clientes.
Marco González, coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local, señaló que era previsible la dificultad de cobrar este impuesto sin un consenso previo con los casineros.