El decreto presidencial Nº 1067-B prohíbe a los funcionarios del gobierno, a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional el ingreso a los centros de juegos de azar. Bajo los términos del decreto, los empleados de los organismos que están directamente involucrados con las operaciones del gobierno también tienen prohibida la entrada a los casinos.
Duterte dijo que la prohibición alcanza a las esposas o esposos y todos los hijos de estos funcionarios.
Otros grupos sociales mencionados en el decreto como excluidos de los casinos son personas menores de 21 años de edad o estudiantes de cualquier escuela, colegio o universidad de las Filipinas.
"No quiero que la gente del gobierno entre a los casinos. Usted está en el gobierno con un ingreso miserable y sin embargo se le puede ver en un casino”, dijo Duterte.