La aprobación inicial de la Comisión de Urbanismo de Tarragona para el proyecto del Centro Recreativo y Turístico (CRT) en Salou y Vila-seca, que comenzará a construirse en 2017 y prevé una inversión de 2.771 millones de dólares, dividió al parlamento.
A pesar del vicepresidente Oriol Junqueras anunció cambios en la altura de los hoteles, de 90 a 75 metros, y una reducción del 50% en la superficie destinada a los casinos, la diputada de CSQP Hortensia Grau lamentó que no haya replanteado la rebaja del impuesto al juego, del 55 al 10% a partir de que se habilite el primer casino, y la visibilidad de los espacios desde cualquier punto del parque. "¿Cómo lo haremos compatible con el turismo familiar? ¿Esta es la vocación que tiene que tener el territorio? ", cuestionó Grau.
Pero para el popular Alejandro Fernández, aunque sea "políticamente incorrecto", se ha demostrado que por la viabilidad del proyecto "había que hacer casinos" y "había que dar incentivos fiscales a los posibles inversores". "Ya tenemos alguna experiencia decepcionante anterior", apuntó Fernández, considerando el hecho de que se han perdido años con la discusión del proyecto.
Respecto a las nuevas condiciones del proyecto anunciadas por el Gobierno, Fernández reflexionó que se verá en el tiempo si son "viables", dependiendo si es atractiva o no a la iniciativa privada.
Para el PSC, en cambio, los cambios planteados en el megaproyecto no generan ningún inconveniente. Para el diputado Jordi Terrades, que “ERC y CDC hayan conseguido superar las diferencias internas es una buena noticia”, ya que se trata de una iniciativa que es "una oportunidad económica para el país”.
En el grupo de Ciutadans también les ha alegrado oír que BCN World vuelve a tomar vuelo, pero dicen que estarán "vigilantes" de la adjudicación. De lo que sí que se han mostrado más contrarios, y en la línea de Sí Que es Pot, es de que no haya un replanteamiento del impuesto al juego.