Luego del anuncio de la directora del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Josefina Canale, respecto a que no renovarán las concesiones a Uspallata, La Consulta y Eugenio Bustos debido a que generaban pérdidas de un millón de pesos (unos USD 66.000) por mes, los trabajadores de los anexos realizaron una asamblea para definir el “plan de lucha” para defender los puestos de trabajo y se declararon en “estado de alerta y movilización”.
Desde los sindicatos de ATE y UPJM manifiestan que su reubicación al casino de Tunuyán no garantiza la continuidad laboral ya que ese anexo también será cerrado en marzo. “Dicen combatir la ludopatía pero su estrategia se limita a despedir al 30% de los trabajadores operativos y en cerrar salas estatales ya vaciadas por las empresas concesionarias”, sentenciaron a través de un comunicado.
Por su parte, la senadora Noelia Barbeito, quien se reunió con los delegados de ambos sindicatos denunció: “El gobernador Cornejo está despidiendo a trabajadores de los casinos desde principio de año. En vez de hacer pagar a las empresas concesionarias sus deudas con la comunidad mendocina, señala a las familias trabajadoras como responsables. También dice combatir la ludopatía, pero lejos de eso seguirán en pie los casinos privados que ya deben millones a nuestra comunidad”.