El Govern tiene tres meses para decidir sobre los terrenos de BCN World

El 10 de septiembre vence el acuerdo que firmó la Generalitat y La Caixa sobre la opción de compra de los terrenos del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Salou y Vila-seca donde tenía previsto ubicarse BCN World. De acuerdo al contrato, el período para ejercer la opción vence en un plazo de 21 meses, aunque el ejecutivo catalán confía en que podrá hallar una solución antes de esa fecha.

La concreción del acuerdo, sin embargo, está condicionada a la aprobación definitiva del Plan Director Urbanístico (PDU) y la adjudicación de las licencias de casinos a los operadores que pongan sobre la mesa al menos 110 millones de euros para adquirir el suelo.

Con la retirada de Veremonte, el grupo empresarial liderado por Enrique Bañuelos y principal impulsor del proyecto, el Govern asumió en diciembre de 2014 el rol de gestor de 150 hectáreas de terreno del CRT mediante una opción de compra con La Caixa. La operación preveía vender el suelo a los operadores que se adjudicaran las licencias de casinos una vez se aprobara definitivamente el PDU.

Actualmente, las licencias de casino continúan pendientes de adjudicar de forma definitiva y el planeamiento sólo está aprobado en su fase inicial. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llegó a plantear la celebración de una consulta sobre el futuro de BCN World, pero tras las reticencias generadas en el territorio y las discrepancias en el propio Govern sobre cuál debía ser el alcance, dijo que no sería necesaria si la propuesta sobre la revisión del PDU generaba suficiente consenso.

La Generalitat trabaja desde hace meses en un nuevo planeamiento que supone un menor impacto urbanístico y da menos peso al juego. La actividad de casinos, en palabras recientes del conseller de Territori, Josep Rull, tendrá “el peso justo para hacer viable el proyecto”, dado que los inversores consideran que el juego es indispensable para garantizar el atractivo del destino. Sin embargo, también se contempla replantear las rebajas fiscales aprobadas, a petición de ERC.

La nueva definición se negocia junto a los operadores que aún mantienen interés en el macrocomplejo: por un lado, Hard Rock y Melco y, por otro, el Grupo Peralada. En todo caso, se da por hecho que si el proyecto es aprobado, los seis complejos anunciados por Veremonte en 2012 quedarán reducidos a tres o, incluso, a dos.