Defensa de la Competencia señala reparos a ley de juego de Uruguay

A juicio de uno de los comisionados del órgano desconcentrado del Ministerio de Economía (MEF) que concurrió al Parlamento, Javier Gomensoro, la nueva ley "ampliaría" el monopolio actual al suprimir "una parte del mercado hoy en libre competencia": las máquinas tragamonedas y electrónicas ubicadas en diferentes locales.

"Si la iniciativa tiene el propósito (...) de asegurar la que hoy es una actividad lícita, hay que tener cuidado de que no configure un cercenamiento del juego", sostuvo Gomensoro, según consta en la versión taquigráfica.

El texto plantea la separación de las funciones de "regulación y control" de la de "explotación". Las primeras caerán en la Dirección Nacional de Contralor de Juegos de Azar y Apuestas (que se creará para suplantar a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas). La Dirección General de Casinos, en tanto, también se suprimirá para dar lugar a la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado, que se encargará de la explotación y administración de casinos, salas y loterías, entre otros.

La exposición de motivos apunta que en Uruguay "el juego de azar en lugares públicos o de acceso al público es en principio prohibido, salvo que el mismo sea desarrollado o explotado directamente por el Estado, en ejercicio del monopolio que ostenta, o a través de explotadores expresamente autorizados a tal fin".

De hecho, el primer artículo del proyecto de ley refuerza esto: "ratifícase que el Estado ejerce el monopolio de todo tipo de juego, apuesta, suerte, rifas y similares en los que intervenga público o se encuentre por su propia naturaleza dirigido o abierto al público apostador".

El comisionado subrayó que el organismo tiene la "obligación" de defender a los consumidores de productos (...) porque el legislador no prohibió su consumo y están permitidos".

Asimismo, Gomensoro apuntó que el proyecto de ley contiene una "situación claramente perjudicial" para que el mercado opere de manera dinámica: "el carácter precario, irrevocable de los permisos y autorizaciones o licencias". Los privados, añadió, necesitan "garantías" para desarrollar la actividad.