La denuncia de Juegos y Sorteos de Baja California es contra el ex secretario general de la administración, Bernardo Padilla Muñoz, y dos funcionarios más.
No obstante haber cumplido con los permisos y licencias requeridos para operar de acuerdo a la normatividad aplicable en este municipio, y después de que a la fecha diversas autoridades del Ayuntamiento les han otorgado doce permisos o licencias requeridos para operar una sala de juegos en esta ciudad, solo le resta a esta empresa recibir la licencia de operación mercantil por parte del Ayuntamiento de Tijuana, explicó la compañía en una carta firmada por el abogado José Eduardo Barragán Paredes.
En el recuento de los actos reclamados, Juegos y Sorteos de Baja California recordó que con fecha 4 de enero 2016, la solicitud de licencia de operación mercantil y la documentación requerida fue presentada en estricto apego al Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios para el Municipio de Tijuana, Baja California.
Esta fue dictaminada positivamente por la Dirección de Administración Urbana por conducto del Departamento de Operatividad de Actividades Mercantiles, "expidiendo a esta empresa el recibo oficial del otorgamiento de licencia de operación para giros comerciales con número de folio 1645974, el cual se pagó en la misma fecha de su presentación".
Pese a todo, el XXI Ayuntamiento se negó a entregar el permiso correspondiente, y posteriormente se procedió a la clausura del casino Grand Arenia. Hoy, asegura la empresa, ha recabado testimonio de empleados y ex empleados del H. Ayuntamiento de Tijuana que están dispuestos a declarar ante el Ministerio Público o ante cualquier autoridad, que la demora y obstaculización de la entrega de la licencia de giro comercial solicitada por la empresa es para proteger intereses distintos a los de la ley y que los funcionarios responsables de esta dilación son:
Bernardo Padilla Muñoz, que recientemente renunció al cargo de secretario general de Gobierno; al ingeniero Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo Urbano, y la arquitecta María del Carmen Velarde Vázquez, jefa del Departamento de Actividades Mercantiles de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento.
Considerando que, en su opinión no existe justificación legal para obstaculizar el inicio de operaciones de la sala de juegos en Tijuana; las exigencias y requisitos legales han sido superados satisfactoriamente. La omisión, retraso y negativa de las autoridades municipales involucradas para entregar la licencia del giro comercial, sin que medie explicación oficial, da lugar para presumir "que existen motivos personales o de otra naturaleza por parte de los funcionarios involucrados, para perjudicar a esta empresa o impedir la apertura de este establecimiento lícito".
Frente a estos hechos, Juegos y Sorteos de Baja California presentó formal denuncia de hechos ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, bajo el número de expediente 81/16/204, por la probable comisión del delito de Abuso de Autoridad, entre otros cometidos por los mencionados funcionarios.