La Justicia puertorriqueña lucha contra la operación de tragamonedas ilegales

Además, solicitan que se les revoquen las licencias de las máquinas de tragamonedas a varios de los establecimientos.

En comunicado de prensa, Justicia detalló que, durante distintas instancias de este año, los propietarios de los negocios El Trébol Cyber City, en San Germán; Domenech Café, en San Juan; Elsie’s Music Center, en Bayamón, y en otro en un centro comercial de Ponce cuyo nombre no fue precisado, hicieron alegación de culpabilidad por delitos menos graves de la Ley de Juegos Azar.

Esto dio paso a que la agencia pudiera presentar las demandas bajo la Ley 33, conocida como la Ley para Combatir el Crimen Organizado y Lavado de Dinero.

Se detalló que supuestamente El Trébol Cyber City continúa “operando y pagando premios de manera ilegal, mientras que los otros tres (negocios) mantenían máquinas con licencia de entretenimiento que han sido utilizadas para el juego de azar ilegal”.

“Las demandas de cese y desista también solicitan la revocación de toda licencia, permiso u autorización que le permita operar el negocio relacionado con máquinas tragamonedas”, se informó.

La vista del caso contra Domenech Café está pautada para mañana, martes, a las 2:30 p.m., en la sala 907 del Tribunal de San Juan. Mientras, los casos bajo la jurisdicción de Bayamón y Mayagüez están pautados para el próximo viernes en la mañana, dijo Justicia.

“Este esfuerzo está acorde con nuestra política pública de erradicar los juegos de azar ilegales en Puerto Rico. La ley es clara y los juegos de azar quedan limitados exclusivamente a los casinos, los cuales están regulados y tributan al erario. También es importante que la ciudadanía sepa que estos negocios que pagan premios son ilegales y no se deben patrocinar”, explicó la licenciada Claudia Juan, directora de la División de Recursos Extraordinarios del Departamento de Justicia, en las declaraciones escritas.

Este proceso judicial se da luego de que el 4 de diciembre de 2014 Justicia, el Departamento de Hacienda y la Compañía de Turismo realizaran un operativo, el cual incluyó a agentes encubiertos. Se alegó que durante las intervenciones “se constató que las máquinas que ubicaban en los establecimientos intervenidos funcionaban en violación a la Ley de Juegos de Azar y se impusieron sobre $400,000 en multas. En estos casinos clandestinos, agentes encubiertos realizaron transacciones de juego y cobraron premios en efectivo, prueba que formó parte del proceso criminal contra los imputados”.

Como parte de los esfuerzos para detener esta práctica, el pasado 31 de marzo Justicia presentó cargos contra 32 personas dedicadas al manejo de estas empresas, de las cuales ocho se han declarado culpables por delitos menos graves tras violar la Ley 221 de 1948, conocida como la Ley de Juegos de Azar.

Más allá de los cargos, la agencia busca ahora que los negocios detengan su operación de máquinas tragamonedas.

“Es la primera vez en 20 años que se radica un recurso de cese y desista bajo la Ley 33, estatuto que provee para la radicación de acciones civiles con el fin de detener prácticas ilegales asociadas al crimen organizado. A nivel federal, una ley muy similar lo es la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO Act)”, se explicó.