Tal como había adelantado El Observador, el proyecto establece que los juegos que no son habilitados por el Estado serán considerados ilegales.
El texto del proyecto, del cual hoy informó El País, agrega que serán confiscadas las slots clandestinas y que se pondrán multas proporcionales al "daño económico" que se le haya ocasionado a los apostadores o a la ganancia de quien realizaba el juego clandestinamente. En caso de que no se pueda determinar, la multa será de hasta 15 millones de unidades indexadas ($ 48 millones según el valor actual).
La pena para quienes no cumplan con lo establecido por la ley irá de 12 meses de prisión a tres años de penitenciaría.
"En general queda prohibida la gestión, explotación, financiación y práctica de todos los juegos y apuestas que no cuenten con las autorizaciones, permisos, licencias o concesiones otorgadas por los órganos estatales competentes", establece el proyecto, que regula, además, los juegos de azar on-line, por teléfono o que se realizan a distancia.
También prevé la creación de la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar, que antes era la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Este asunto generó polémica en el anterior período de gobierno.
Los empresarios de los casinos se oponen a los slots barriales porque, según sostienen, mueven unos U$S 170 millones al año sin pagar impuestos. Los comerciantes y fabricantes de máquinas afirman que las máquinas barriales son legales y se amparan en un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de hace un año que consideró que la actividad es "libre" "lícita" y "sin limitación legal".
Precisamente, existía un vacío legal sobre los juegos de azar barriales que el Poder Ejecutivo quiere regular con este proyecto de ley.