En el caso de González, los promotores recriminaron su "imparcialidad, actuación torticera, manipulación y ocultación de documentos", luego de haber denegado la licencia de instalación del local al aplicar la Ordenanza de Usos del Centro Histórico.
Esta medida establece que no se puede instalar un casino con una superficie superior a los 300 metros, cuando el proyecto presenta una superficie sólo de acceso público de 1.400 metros cuadrados. "El Casino no entiende qué interés tiene el Ayuntamiento en dejar a 200 familias sin trabajo fijo", explicaron.
La empresa cuestiona la "transparencia" en la gestión del Ayuntamiento "y muy concretamente la del gerente de Urbanismo", al no entender "por qué se paralizan las obras cuando hay un informe favorable del teniente de Alcalde de Turismo, Álvaro Gijón, y de técnicos del área de Urbanismo".
Además, Casino Teatro Balear solicita "con carácter de urgencia" que tanto González como Valls "no puedan tomar ni una sola decisión ni puedan llevar a cabo actuación alguna que afecte al Casino hasta que la justicia no pronuncie una sentencia firme relativa al caso que ahora mismo está en los tribunales".
Finalmente, los promotores exigen que se anulen todas las medidas adoptadas y "manifiestamente ilegales" por parte de la Gerencia de Urbanismo tras la celebración del Consejo de Urbanismo del 19 de enero dejándolas sin efecto de forma inmediata y en contra de lo que dictaba el informe de Álvaro Gijón y los técnicos del área de Urbanismo".