Antonio Cuéllar, diputado del PVEM e impulsor de esta reforma, explicó que en caso de que esta modificación avance permitirá proteger a los permisionarios de actos arbitrarios de autoridades menores, pero a su vez les posibilitará a las autoridades competentes de Juegos y Sorteos preservar el orden del interés público.
En el dictamen de la Ley de Amparo se mantiene la posibilidad de que los casinos y casas de apuesta que violen la nueva Ley de Juegos y Sorteos sean clausurados después de que el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos lo determine y no procederá ningún amparo que sea solicitado en este contexto.