Argentina: conflicto en Salta por el despido de dos trabajadores de Video Drome

Tras el quite de licencia a Enjasa para administrar la actividad lúdica en la provincia, el Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja), por disposición del mandatario, otorgó, a fines del año pasado, permisos provisorios, por seis meses, a 11 operadoras. La medida, según el decreto 3300/13, se basó en “la conservación del empleo directo e indirecto” vinculada a los casinos, bingos, tómbola y otros juegos”. Así, las empresas quedaban obligadas a absorber al personal que se desempeñaba en Enjasa.

Video Drome forma parte del imperio de salas y máquinas que tiene en varios puntos del país el cordobés Miguel Ángel Caruso. En Salta, la compañía logró quedarse con el casino que mueve mayor dinero: el Golden Dreams.

Según documentos a los que accedió este medio, el 24 de abril ingresó al Enreja un pedido para que dos trabajadores desvinculados de Video Drome sean reincorporados a algunas de las otras diez operadoras del juego. El estudio de abogados que los representa también solicitó que se evalué una posible sanción o multa a la empresa de Caruso ante los incumplimientos al plan de transición y que se registren estos antecedentes a la hora de decidir el otorgamiento de una licencia definitiva. Una de las causas ya ingresó a la Justicia, ya que, la empresa, según se supo, justificó los despidos.

A través del departamento de asesoría letrada, el Enreja desestimó los requerimientos de los trabajadores y no aplicó sanciones a Video Drome. En el expediente, dejó asentado que “no se encuentra facultado a disponer de la reincorporación del personal despedido”.

Días atrás, a la mesa de entrada del Enreja llegó una nueva presentación legal en contra de la respuesta emitida por la asesoría letrada del Enreja. En el documento se remarca que el Ente tiene la facultad de fiscalizar y controlar los juegos de azar conforme a las reglamentaciones vigentes y se insiste en la aplicación de una sanción a Video Drome. Además, se cuestionó que la respuesta del Enreja haya quedado en manos de la asesoría letrada y no haya sido convalidada por al menos dos de las tres firmas de los directores del Enreja.