Edición Latinoamérica
03 de Diciembre de 2020

Las acciones fiscalizadoras deben comenzar el 9 de diciembre

Chile: continúa la disputa entre los casinos populares y el municipio de Chillán

(Chile).- Tras la nueva ordenanza que afecta a los dueños de los casinos populares, los recursos contra el municipio de Chillán se multiplican. La entidad edilicia está enfrentando varias acciones judiciales. La primera de ocho impugnaciones para frenar la aplicación de la ordenanza ya se judicializó y pasó al Tribunal de Alzada.

C

on la nueva ordenanza, aprobada hace dos meses, se reducen al mínimo las posibilidades de que el negocio genere las utilidades que lo hacían rentable. Entre otras cosas, se elimina la posibilidad de que los locales entreguen premios en dinero.

A eso se suma que los empresarios deberán acreditar que las máquinas que utilizan son efectivamente de habilidad y destreza, y no de azar, como asegura, mediante una lista que fue enviada a los municipios, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Hasta ahora las patentes otorgadas por el municipio son de esa naturaleza, pero el alcalde señala que al poco tiempo los artefactos son cambiados por los de azar, infringiendo la normativa vigente que establece que éstos sólo pueden estar en casinos regulados por la SCJ.

Como se trata de un negocio lucrativo, que genera millones de pesos en utilidades cada mes y en el cual se han invertido cuantiosos recursos, los dueños de los salones no se quedaron de brazos cruzados.

Hasta ahora, según precisó el Director de Asesoría Jurídica municipal, Ricardo Vallejos, han ingresado a la municipalidad ocho recursos de ilegalidad para tratar de frenar la nueva ordenanza. Como ésta es muy dura, los empresarios recurren a la vía judicial para tratar de paralizar las acciones fiscalizadoras del municipio, que deben comenzar, según adelantó el Departamento de Inspección, el lunes 9 de diciembre.

Los recursos en contra de la municipalidad corresponden a empresas con sede en otras ciudades y por lo tanto los representantes legales son de Los Ángeles y Concepción, entre otras urbes. A aquellos se suma incluso un recurso de protección, que busca impedir por otra vía la entrada en vigencia de la ordenanza que regula los casinos populares.

No se trata sólo de regularlos. Se estima que de aplicarse cabalmente, muchas salas de juego que utilizan máquinas de azar tendrían que salir del mercado. 

Suma de recursos

Uno de los primeros recursos que ingresó fue el de Nolberto Salinas, quien representa a dos empresas que manifestaron su molestia por el excesivo celo de la norma local.

El representante legal dijo que tras la presentación que realizaron ante la municipalidad, con el recuso de ilegalidad, no obtuvieron respuesta.

Por ese motivo, derivaron el expediente a la Corte de Apelaciones de Chillán, donde esperan novedades dentro de esta semana. De hecho, cree que hoy podría haber alguna resolución del Tribunal de Alzada chillanejo.

La judicialización del problema es un hecho que puede complicar al municipio, si es que el tribunal en alguno de los numerosos casos determina orden de no innovar, lo que implicaría que se paralizaría la aplicación de la ordenanza.

Salinas, en el recurso que ingresó a la Corte de Apelaciones, establece que en este contexto, “cabe señalar que la municipalidad, y al igual que todas las municipalidades del país, forma parte de la administración y en consecuencia están sujetas y son reguladas por un estatuto de derecho público sustentado en el principio de legalidad que consagran el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo cual significa que siempre deben actuar dentro del ámbito de sus competencia y no tiene más atribuciones que las que expresamente le confiere el ordenamiento jurídico vigente”.

Agrega el abogado de empresas locales que “es claro constatar que el municipio por medio de la ordenanza, al establecer un estatuto de condiciones tan estricto para el simple desarrollo de una actividad económica que no se encuentra prohibida por ley, cuestión que se refleja claramente en el tenor del artículo 4 y 7 de los títulos III denominado: ‘De los requisitos para la autorización’ y V denominado: ‘Del funcionamiento y prohibiciones’, que en particular establecen una serie de condiciones de mayor rigurosidad que el que establece el estatuto legal aplicable a la explotación comercial de dicha actividad económica, cuestión totalmente contrarios a la legislación vigente”.

Desde ahora comienza entonces una disputa legal, que puede terminar con una orden de no innovar que obligue a posponer la ordenanza local.

Ricardo Vallejos señala que hasta ahora aquello no ha ocurrido porque el municipio no ha sido notificado en tal sentido.

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