Argentina: el convenio entre el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza y MCE está vigente

Allí ratificó algo que ya había señalado en el dictamen que se hizo público hace algunos días: la cláusula de prórroga prevista en ese convenio es nula y debería modificarse por vía de una renegociación o por vía de una presentación judicial que debería iniciar el propio Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC).

Ese contrato, que liga a la sala de juegos estatal con la empresa Mendoza Central Entretenimientos (MCE), del grupo Vila-Manzano, desató la polémica porque incrementó el canon de alquiler que se le paga a la concesionaria por prestar las máquinas: se lo llevó del 26% al 47%. Y si bien la polémica principal es ese incremento que permitió a MCE incrementar sus ganancias en más de 70%, el fiscal de Estado dice que no tiene las posibilidades técnicas de hacer un estudio que determine si el nuevo acuerdo es lesivo para la Provincia. De esta forma, para el fiscal Fernández el convenio está vigente, salvo por el detalle de la cláusula de la prórroga.

Lo que cuestiona Fernández es que el nuevo convenio permite prorrogar la vigencia del contrato por cinco años más, a solo pedido de la empresa, a pesar de que el poder concedente es del Estado. Esta condición transformaría en nula la cláusula e implicaría abrir la puerta a otra renegociación más amplia, instancia que la propia empresa ya ha clausurado.

De hecho, MCE ya presentó un acta notarial en la que informaba al directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos que hacía uso de esa cláusula y que se quedaría cinco años más prestando las máquinas. Esto fue informado por Los Andes el 28 de mayo pasado.

Así es que parece quedar sólo la presentación de una acción de lesividad y declarar nula esa cláusula por decisión judicial, lo que constituiría casi una decisión salomónica: en caso de prosperar la acción de lesividad, se le pagaría el 47% a MCE hasta julio del año que viene y para ese entonces se podría hacer una nueva licitación con otras condiciones.

De paso, el fiscal Fernández volvió a tirar la pelota al campo de la Legislatura. Recordó que las cuentas del Instituto de Juegos deben ser aprobadas por las dos cámaras y que tampoco el síndico ha emitido opinión respecto de este canon. De hecho, nadie sabe si hay un estudio técnico que indique la conveniencia o la necesidad de pagar ese canon a la empresa del grupo Vila-Manzano.

Por lo pronto, lo único concreto de la reunión fue el anuncio del presidente de la comisión, Ricardo Pettignano, quien dijo que dimitía de ese cargo porque su hermano Pedro es gerente general del Instituto. De esa forma pretende evitar que haya alguna incompatibilidad que perjudique la gestión del Instituto.