Godoy explicó que, al devolver las salas al ámbito estatal, la Provincia obtendría “millones de ganancias que hoy son llevadas afuera de la provincia, como en el caso de Cristóbal López”, el empresario que obtuvo la concesión del antiguo casino provincial. Fundamentó el proyecto con la caída de los puestos de trabajo desde que se privatizó el servicio, con la necesidad de más recursos para obras sociales así como con la injerencia estatal en la prevención de la ludopatía.
“A la sociedad le va a interesar que su dinero recircule por la comunidad neuquina y que no se vaya por un caño”, acotó Marcelo Blasco, secretario general del Secner. Añadió que buscarán reflejar ese respaldo en una campaña de firmas para que el proyecto “no duerma en un escritorio”.
Godoy aclaró que gran parte de las 23 salas de juego neuquinas están concesionadas hasta 2014, por lo que sólo requerirán que no se renueven esos contratos. En el caso del casino provincial, agregó que, como está adjudicado hasta 2027, buscarán declarar la caducidad por incumplimientos de la empresa, entre los que mencionó “el maltrato permanente” a sus empleados.
Precisó que, una vez estatizados los casinos, “el proyecto estipula que el 50% de las ganancias vaya a los municipios donde están instalados, un 20% vaya a la institución que los regula y un 30% a la provincia, para que sea utilizado para educación o salud, por ejemplo”.