Además de la medida aprobada, que dejará sin empleo a miles de trabajadores de la industria, el Gobierno húngaro ha querido pasar de largo por el periodo de statu quo que establece la Comisión como obligatorio para cualquier norma que se pretenda aprobar a nivel interno de un estado, al clasificar las medidas aprobadas como fiscales y no como financieras.
En este sentido, la Comisión ya ha confirmado a Euromat que solicitará información a las autoridades húngaras aún cuando corresponda a cada Estado miembro determinar si una nueva medida adoptada es fiscal o financiera.