Los casinos españoles se oponen a la alta tributación

Según la patronal, simplemente por abrir una mesa de juego se paga un Impuesto de Actividades Económicas (IAE) medio de 30.000 euros, alcanzado los 76.000 en algunos casos.

“Es injusto puesto que no contempla prácticamente elementos de corrección por estacionalidad”, señala la entidad. Además, la tasa de juego puede llegar al 60% de los ingresos brutos en algunas Comunidades Autónomas. Incluso no poseen la capacidad suficiente para deducir nada del IVA, lo que provoca estar sometidos a unas condiciones tributarias asfixiantes.

“Tenemos restricciones en publicidad y promoción. En muchas Comunidades Autónomas son anacrónicas. Pedimos igualdad de trato con la regulación del juego online”, remarcan desde la AECJ como medida para levantar el vuelo ante la pérdida de ventas.

Las diferentes homologaciones de productos, tantas como CCAA existen, “atenta al libre mercado y es de dudosa legalidad en el ordenamiento europeo por lo que perjudica a los fabricantes y a los operadores que no econtramos en el mercado un producto moderno y adecuado para competir”.

Esta situación hace muy difícil la permanencia de muchos casinos españoles en un mercado constreñido y en franco retroceso. La AECJ considera que la evolución pasa por suprimir una regulación "intrusiva", tendiendo a un modelo que "garantice los derechos de los usuarios, el orden público y la prevención del crimen". En definitiva, pretenden que la Administración deje al operador un ámbito de maniobra que permita la adaptación a la realidad económica, social y tecnológica.

También se oponen a la limitación de homologación de máquinas, "siendo imposible la autorización de productos internacionalmente reconocidos. Somos posiblemente el único mercado europeo con tales condicionantes".

Otro punto importantes es el tabaco, una norma de fatales consecuencias para los casinos ya que se ha reducido ampliamente el volumen de clientes. “Debería permitirse fumar como ocurre en el resto de Europa y Estados Unidos”. Por último, abogan por una supresión o reducción de los avales.