La legislatura mendocina pone la mira en los contratos y gastos del casino

Los diputados quieren saber acerca de tres temas: gastos de publicidad del Instituto, renegociación del contrato de tragamonedas y Tómbola Combinada.

Por parte del lado del Senado, las preguntas son varias y van desde las obras de remodelación, el cumplimiento de la superficie de casinos respecto de la cantidad de metros cuadrados del total de los establecimientos hoteleros, el contrato de las tragamonedas y los fondos destinados a las salitas de 4 en los jardines de infantes.

Una de las primeras denuncias contra la actual Presidente del Instituto, Nidia Martini, fue presentada ante la Fiscalía de Estado por parte de la Unión del Personal de Juegos y Casinos de Mendoza (Upjcm).

La presentación original contra Martini se refiere a los fondos destinados a las salitas de 4 años, los que deben salir del cobro de una entrada a los apostadores que concurren a todos los casinos de Mendoza.

El cobro de entrada nació por la conformación del Fondo Educativo Solidario establecido en la ley 8.208 de 2010, norma que fue modificada por la ley 8.383 publicada en diciembre del año pasado y reglamentada por el decreto 63 (publicado el 19 de enero de este año) y que aún la actual titular no ha implementado.

Este fondo solidario nunca se logró implementar, ni en su versión anterior (el 5% de la recaudación de tragamonedas) ni con el cobro de entradas. Pero la Upjcm nunca cuestionó a la gestión anterior encabezada por Daniel Pereyra, pero sí (a casi seis meses de haber asumido) a Martini.

La sospecha que circula desde hace un tiempo es que el gremio tiene fuertes vinculaciones con Pereyra y, por consiguiente, con el grupo Vila Manzano. Cabe recordar que Pereyra, antes de ser presidente del Instituto de Juegos y Casinos, fue el hombre de confianza que el grupo empresario había colocado para dirigir los destinos de la Universidad de Congreso.

También hay que recordar que bajo la gestión de Pereyra, el Casino renegoció el contrato de tragamonedas y le permitió a la empresa concesionaria llevar el canon por prestar las máquinas del 26% al 47%.

Esa empresa es Mendoza Central Entretenimientos, también del grupo Vila Manzano. Este contrato, que fue avalado por el fiscal de Estado, es una de las cuatro causas que pesan contra Joaquín de Rosas ante el Jury de Enjuiciamiento, que se tomó dos semanas para analizar las acusaciones.

La Upjcm fue la impulsora de la demanda contra el Casino Enjoy, presentación que demoró la apertura de la sala de juegos del Hotel Sheraton y que, de alguna manera, benefició también al poderoso grupo empresario mendocino.

En Diputados, Patricia Gutiérrez y Daniel Dimartino (también denunciantes de De Rosas) están detrás de otros temas que apuntan de lleno a los negocios del grupo empresario con el Casino. Uno de ellos, el famoso contrato de las tragamonedas.

Más allá de la información con la que cuentan (y que fuera utilizada en la denuncia contra De Rosas), los legisladores quieren más datos, puesto que les ha llegado información por la que, a poco de empezar a aplicarse el nuevo contrato, el Instituto ya estaría percibiendo un millón de pesos menos por mes de lo que percibía el año pasado.

Los otros dos temas son las pautas publicitarias del Casino y la conocida Tómbola Combinada, que es transmitida por los medios del grupo Vila Manzano.