Edición Latinoamérica
29 de Octubre de 2020

Involucra a varios políticos

Estalló un escándalo de juego ilegal en Brasil

(Brasil).- El Quinto Tribunal de Brasilia ordenó bloquear todos los bienes y las cuentas bancarias de Carlos Augusto Ramos, conocido como “Carlinhos Cachoeira”, líder del juego clandestino en Brasil. El “Caso Cachoeira” salpicó a varios políticos.

L

as investigaciones de la policía y las dimensiones que parecen tener los tentáculos de ese grupo mafioso han llevado al Congreso a abrir una comisión especial para esclarecer el caso. Se sospecha que Ramos habría corrompido a decenas de políticos que le facilitaban el desarrollo de sus actividades.

Por sus supuestos vínculos con “Cachoeira”, el Senado también inició un proceso para analizar la pérdida del mandato del legislador Demóstenes Torres, quien, según escuchas telefónicas hechas por la Policía, participaba en muchos de los negocios del juego ilegal.

Las escuchas también salpican a los gobernadores del Distrito Federal de Brasilia, Agnelo Queiroz del gobernante Partido de los Trabajadores (PT); y del estado de Goias, Marconi Perillo del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Gracias a las conversaciones grabadas se confirmó que también estaría involucrada la empresa constructora Delta, adjudicataria de millonarios contratos en Brasil, y en especial Río de Janeiro, ciudad clave en el próximo Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos de 2016.

Según sospechan las autoridades, Delta servía para blanquear parte del dinero obtenido por la mafia de "Cachoeira" y se valía además de sus contactos políticos para obtener ventajas en las licitaciones públicas.

Tiene 195 contratos con el Estado, todos con cifras multimillonarias, tanto a nivel federal, estadual y municipal, y se confirmó que para conseguir esos contratos se valió de las "ayudas" brindadas a los políticos involucrados.

El presidente de la Cámara baja, Marco Maia (PT-Rio Grande do Sul), señaló que la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigaciones debe investigar estrictamente los asuntos de “Cachoeira” y convertir el asunto en una disputa política entre el gobierno y la oposición.
 
“Lo que queremos es desmantelar esta red de poder paralelo que formó el ciudadano apodado 'Cachoeira', y que va desde la Legislatura al Ejecutivo y el Poder Judicial, además del sector privado y la prensa brasileña”, dijo Maia.

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