Aparecen sospechas de corrupción en el marco de la investigación tras el atentado al Casino

El sector del Juego en México, ante un escándalo mediático

14-09-2011
Tiempo de lectura 2:09 min
(México).- El Senado exigió a la Secretaría de Gobernación (Segob) que abra toda la información sobre casinos en el país, tras el asesinato de 52 personas en el Casino Royale, en Monterrey. En ese contexto, comienza a aparecer lo que podría convertirse en un escándalo mediático, si se confirman casos de corrupción en el otorgamiento de permisos y amparos en favor de casas de juego vinculadas a ex funcionarios del Estado.

En un punto de acuerdo avalado por el pleno, la Cámara Alta pidió a la Segob que le informe sobre los permisos que ha otorgado para la operación de casinos en territorio nacional. Luego de la tragedia en el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, los senadores pidieron que la información contenga la relación actualizada de casinos, el nombre de los concesionarios, las garantías que dejaron para los permisos, la fecha en que éstos se expidieron y su duración.

El pleno también aprobó una adición del senador del PAN, Felipe González, para que en el informe la Segob detalle los casinos autorizados por los gobiernos estatales y municipales. El punto de acuerdo iba a ser votado el jueves pasado; sin embargo, por falta de quórum se suspendió la sesión. Ayer se logró su aprobación.

En ese contexto, diversos medios de prensa denunciaron ayer las vinculaciones de Juan Iván Peña Neder, coordinador de asesores del ex subsecretario de Gobernación, Abraham González, y hoy el administrador y director general de dos casinos.

Si bien su área de responsabilidad no estaba directamente involucrada en el tema de juegos y sorteos, el hecho es que como asesor pudo influir en decisiones o tener acceso a información que después le pudieron permitir lucrar.

Este caso no sería un caso aislado. El periódico mexicano El Universal, uno de los más importantes del país, ya documentó que un día antes de presentar su renuncia, el 11 de junio del 2009, el ex titular de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, “Roberto Correa Méndez” autorizó un permiso para gestionar 41 casinos a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, operadora de Casino Royale. Además, firmó oficios que dieron luz verde a permisionarios de instalar juegos de apuestas prohibidos por ley.

Hasta este punto alcanza sólo para suponer la colusión de casos aislados de funcionarios. El problema es que la Secretaría de Gobernación no ha entregado información completa sobre los casinos en México. Paralelamente, la suerte del Alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, sigue siendo incierta y hoy el Comité Ejecutivo Nacional del PAN analizará el tema, en el que no descartan “una expulsión”.

Como señala el periódico, “no se trata de satanizar las casas de juegos y sorteos establecidas legalmente, que cumplen con la normatividad y satisfacen una demanda existente de clientes, sino dar con quienes hicieron de los permisos de operación un jugoso negocio, permitiéndoles violar toda ley y poner en riesgo a los usuarios”.

Lo cierto es que todos estos conflictos ofrecen un terreno propicio para un posible escándalo, que a menos que logre bajar su intensidad mediática y clarifique su situación, pondría bajo la lupa a todo el sector de juego mexicano, al menos ante la opinión pública y los medios de prensa masivos.

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