Muestras de preocupación en Uruguay por el crecimiento del juego clandestino

Por ello, se estima que en este momento funcionan fuera de la ley el cuádruple de las máquinas ofrecidas hoy en los casinos autorizados, según el testimonio parlamentario que brindó Javier Chá.

Tradicionalmente, Uruguay ha considerado que los juegos de azar deben ser manejados o estrictamente controlados por el Estado. Y que una parte importante del rendimiento económico de esta actividad debe volcarse, a través del Estado, al apoyo a obras sociales.

Lo que para algunos es un entretenimiento, para otros es un vicio social y hasta una adicción -la ludopatía- con un potencial concreto para el ataque a valores sociales. En ese entendido los juegos de azar son desde hace mucho tiempo severamente controlados por el Estado uruguayo. Ya en 1856 (leyes Nº 509 y Nº510) el Estado dispuso que las loterías públicas "son de pertenencia exclusiva del Hospital de Caridad".

Y concedió a la empresa propietaria del Teatro Solís, que fue inaugurado ese mismo año -antes que el primer Colón de Buenos Aires- la realización a su beneficio de dos loterías anuales. En 1882 el Estado prohíbe todos los "los juegos de azar o de fortuna o que intervenga envite", a excepción de "la lotería y rifas públicas".

Todos estos testimonios dan cuenta de la temprana preocupación nacional por regular el juego, prohibir el clandestino y asegurarse de que su producido fuera dedicado a obras de beneficio común. Una larga evolución jurídica condujo a que hoy existan dos institutos reguladores: la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y la Dirección Nacional de Casinos, que también abarca la actividad hípica.

La diferencia entre el juego clandestino y el que está bajo administración o contralor del Estado se hace evidente con elocuencia en el hecho de que la Dirección de Casinos hasta tiene vigente un convenio con el Hospital de Clínicas, para que este último pueda prestar atención especializada y gratuita a los ludópatas que se puedan advertir en las salas de juego.

De allí que hasta del punto de vista histórico sorprenda la amplia evolución que ha tenido el juego clandestino con esta modalidad de máquinas tragamonedas, que además están inevitablemente a la vista de todo el mundo. En viejos tiempos, en Montevideo se combatió una quiniela clandestina (que lo era realmente) y bancas clandestinas paralelas para las apuestas hípicas, actividades todas ellas severamente perseguidas.

Hoy la transgresión está a la vista de todo el público y al parecer el Estado no cuenta con una legislación adecuada para encarar modos efectivos de combate. Y uno de los aspectos centrales del tema es que ni un peso de esta recaudación clandestina resulta en beneficio alguno para obras sociales.

Según lo señala la nota de Ultimas Noticias, el tema ha promovido iniciativas parlamentarias que están en curso de análisis y que tienen su origen tanto en filas de la bancada de gobierno como en la de la oposición.

Según la citada crónica, el diputado Walter de León (FA) se manifestó partidario de la regulación de actividad, estableciendo normas claras y disposiciones específicas sobre horarios, locales habilitados y edades mínimas para su acceso. Imaginamos que en ese contralor estricto también está contemplado el pago y la recaudación de impuestos de los que resulte algún beneficio para la sociedad.

Por su parte, el legislador nacionalista Jorge Gandini se manifestó partidario de la total prohibición de estos tragamonedas por fuera los casinos. Pese a ello, el legislador indicó que estaba abierto a buscar caminos de consenso, lo que lleva a interpretar que probablemente se opte finalmente por la vía regulatoria. Que sin duda está llena de dificultades.

No parece posible que el Estado desvíe recursos para controlar semejante cantidad de máquinas, sus horarios de funcionamiento y la edad de los que juegan. Los comercios que albergan slots reciben la mitad de la recaudación y son, a juicio del director Chá, "el gran aliado en este negocio ilegal".

No se puede estar más que de acuerdo con las medidas que consigan acotar esta manifestación de juego clandestino y a la vez que vuelquen una parte importante de su recaudación a fines sociales, como ocurre con las loterías y las casas de juego oficiales.

Y hasta permitirse señalar que el legislador también tendría que empezar a tener en cuenta a otros juegos de azar que están ganando adeptos en el país: los casinos de Internet. Y ese control es posible, tanto controlando el acceso a sus sitios como prohibiendo a los emisores de tarjetas de crédito autorizar transferencias que tengan por destino una casa de juegos del exterior. Hay, por supuesto, modos de burlar esas medidas, pero ya no estarían al alcance de cualquiera.