El acuerdo 1.475 del Tribunal de Cuentas objeta que la Caja de Ahorros, de quien depende la sala de juegos, cubra gastos de seguridad para adquirir cámaras por casi $ 93.000 (U$S 22.730) con dineros públicos, cuando existe un "convenio firmado con la empresa Ivisa, donde se indica una serie de refacciones y tareas que dicha empresa debía realizar en las instalaciones del Casino, como condición para la explotación de máquinas tragamonedas, entre ellas, dotar al Departamento Casino de un sistema de video", según declara el acuerdo.
La relación contractual entre Ivisa y el casino data de fines del 2005 y los problemas con el sistema de control por video ya habían sido notificados a mediados del 2006. Un informe de la gerencia departamental del casino reveló en 2010 que, "en oportunidad de la remodelación edilicia, la empresa Ivisa estaba obligada a equipar al Casino con todos los elementos de seguridad necesarios para su correcto funcionamiento, lo cual ha cumplimentado, pero instalando un sistema que no resulta adecuado a nuestras necesidades".
El Tribunal de Cuentas resolvió en consecuencia que las autoridades de la Caja de Ahorros arbitren "todas las medidas a su alcance a fin de lograr el cabal cumplimiento por parte de Ivisa de lo acordado en el Contrato de fecha 30 de diciembre de 2005", y dispuso una investigación administrativa a cargo de Viviana Gasparotti.