Los empresarios del sector muestran sentimientos encontrados ante este texto. Tal es el caso de Eduardo Antoja, Vicepresidente ejecutivo de Cofar (patronal de empresarios del juego) y presidente de Facomare (máquinas recreativas).
“Era imprescindible poner orden en la oferta de juego por Internet y eliminar de una vez la ilegalidad en que se mueve. Pero esto no justifica una Ley que refuerza y amplía el monopolio de Loterías y Apuestas del Estado para facilitar su privatización y que no resuelve sino que acentúa la disparidad de criterios de regulación en que se mueven el juego público (LAE y ONCE), el juego privado presencial (casinos, bingos, salas de juego, máquinas en hostelería) y, a partir de ahora, el juego por medios telemáticos”, declaró Antoja.
“Los reglamentos exigen para una ruleta francesa de un casino físico la presencia constante de un jefe, un subjefe y tres crupieres, y paga en impuestos un mínimo del 40% de la recaudación. Ese mismo juego en internet pagará un 25% si es de ámbito estatal, y en la Comunidad de Madrid un 10%”, reclamó el empresario.
Situaciones como ésta han llevado a empresas como Codere a demandar a casas de apuestas por Internet como Bwin por competencia desleal. Desde Codere aseguran que “la contribución fiscal ha sido históricamente una de las fuentes de legitimidad de esta industria y la equidad en su reparto es una obligación”.
La aportación impositiva del sector del juego privado es significativa ya que, según datos de la propia Cofar, en 2010 aportaron 1.561 millones en impuestos sobre unos beneficios conjuntos de 4.607 millones de euros. En tan sólo cuatro años (desde 2007) la recaudación de impuestos ha bajado un 15,6% mientras los beneficios caían un 12%. Las máquinas recreativas y los bingos lideran las caídas.
Pero los empresarios del sector denuncian también los desequilibrios respecto a Loterías y Apuestas del Estado. Todos los premios obtenidos a través de LAE están libres de impuestos mientras que en el resto del sector sí se tributan. En la misma situación está la ONCE, cuya cifra de negocio supone aproximadamente una tercera parte de la de Loterías.
Desde Cirsa Gaming Corporation cuentan que “la privatización de LAE, en el marco de la nueva Ley de Juego, va a suponer un claro agravio a la libre competencia en el mercado del juego”. Piensan que Loterías podrá aprovechar “los flujos monopolísticos exentos de tributación para competir con el resto de operadores privados en el negocio de juego online”.
La necesidad perentoria del Estado de obtener ingresos para paliar el déficit es la que impulsa al Gobierno a privatizar una parte de LAE (que será en cualquier caso del 49% como máximo aunque en principio se venderá un 30%). Muchos se oponen a que, por una necesidad temporal de ingresos, se venda la “gallina de los huevos de oro” del sector público empresarial español.