El Congreso aprobó ayer la Ley del Juego en España

La ley reguladora del Juego prohíbe a las operadoras conceder préstamos o cualquier otro tipo de asistencia financiera a quienes quieran participar en juegos. Las enmiendas incorporadas en el Senado a la ley -que regula por primera vez todas las modalidades de juego, incluidas las que se hacen por Internet o el móvil- han sido aprobadas en su mayoría con la unanimidad de la Cámara.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios que han intervenido ayer en el Congreso han coincidido al apuntar la necesidad de esta ley para ordenar un sector en el que han entrado durante los últimos años numerosas empresas que ofrecen juegos y apuestas a través de Internet y que operaban sin embargo desde una situación de "alegalidad".

Han subrayado además todos los portavoces la urgencia de aprobar esta norma para conseguir que todas las empresas que ofrecen juego por Internet estén legalmente constituidas y tributen por ello en España.

Esa es precisamente una de las principales novedades de la nueva ley: la incorporación de un nuevo impuesto de ámbito estatal cuya recaudación se cederá íntegro a las comunidades autónomas, lo que ha sido aplaudido por los representantes de los grupos nacionalistas que han intervenido por considerar que contribuirá a aliviar las finanzas de las administraciones autonómicas.

Entre las enmiendas incorporadas en el Senado y que se han aprobado ayer en el Congreso destacan las que hacen referencia a la protección de los consumidores y a la necesidad de que las políticas de juego contemplen esta actividad como un fenómeno "complejo" en el que se deben combinar acciones preventivas, de sensibilización, intervención, control, y la reparación de los efectos negativos que pueda producir.

Al texto se ha incorporado un artículo para que se impulsen acciones preventivas dirigidas a la sensibilización y difusión de las buenas prácticas de juego y de los posibles efectos que puede producir una práctica que no sea adecuada.

Además, los propios operadores de juego deberán elaborar un plan de medidas para mitigar los posibles efectos perjudiciales que el juego puede producir, y deberán prestar atención a los grupos en riesgo y advertir que estas actividades están prohibidas para los menores de edad y para las personas que están incapacitadas legalmente para hacerlo.

Inciden las novedades que se han incorporado a la nueva ley en la importancia de promocionar actitudes de juego "moderado, no compulsivo y responsable".

La socialista Gloria Elena Rivero se ha mostrado convencida de que la nueva ley ofrece más garantías y seguridad jurídica a los consumidores y un mayor control público de estas actividades, y Josep Sánchez Llibre (CiU) ha asegurado que el "gran beneficiado" por la nueva regulación, además de los propios consumidores, serán las comunidades autónomas.

El portavoz del PP Antonio Gallego ha celebrado que todas las empresas que operan en España vayan a tener que tributar por ello, y aunque ha aplaudido las mejoras que se han introducido en el texto durante su tramitación parlamentaria, ha considerado que todavía tiene "lagunas".

Ha achacado al "elevadísimo" déficit público del Estado la precipitación con que a su juicio se ha tramitado esta ley, con el fin de incorporar el nuevo impuesto y de privatizar en un 30 por ciento Loterías y Apuestas del Estado, una medida esta última contra la que está el PP por considerar que se trata de "malvender la gallina de los huevos de oro".

Las claves principales de la nueva ley, y algunas cifras y datos esenciales para entender el sector, en auge y en aumento durante los últimos años (sobre todo las apuestas por Internet), son las siguientes:

– El juego se despenalizó en España en el año 1977.

– La norma regula por primera vez, además de las modalidades de juego tradicionales (bingo o casino), las apuestas que se pueden realizar a través de Internet o del móvil.

– La regulación, además de ordenar el sector, quiere evitar que el juego se use para actividades de blanqueo de capitales o para financiar el terrorismo.

– Se establece un periodo transitorio (hasta el 1 de enero de 2012) para que las empresas regulen (legalicen) su situación y sus actividades de patrocinio o de publicidad en prensa.

– La ley refuerza la seguridad jurídica de los operadores y de los consumidores y la protección de los menores, de las personas que están incapacitadas legalmente para jugar y de las que han pedido voluntariamente que no se les deje acceder al juego.

– Se crea el Consejo de Políticas del Juego, un órgano en el que estarán representadas las comunidades autónomas.

– La Comisión Nacional del Juego será el organismo que autorice, supervise y controle esta actividad, y la responsable final de imponer las sanciones.

– Las sanciones pueden llegar hasta 50 millones para las "muy graves", entre las que figura la de ofrecer juegos sin tener licencia.

– La ley establece un nuevo impuesto, que se distribuirá íntegramente entre las comunidades autónomas, excepto el gravamen sobre las apuestas mutuas deportivas o hípicas estatales, que seguirá correspondiendo al Estado.

– Un porcentaje de la recaudación que se obtenga en las apuestas deportivas retornará al deporte (su regulación definitiva se plasmará en la futura Ley del Deporte Profesional).

– El volumen de negocio del juego privado tradicional (bingos, casinos o máquinas recreativas "presenciales") ronda los 30.000 millones de euros.

– Esas modalidades de juego pagan anualmente a Hacienda, en concepto de "tasas de juego", unos 1.700 millones de euros.

– El juego privado tradicional genera unos 100.000 empleos directos.

– Las nuevas modalidades de juego "on-line" generaron el pasado año 315 millones de euros de beneficio.

– Los beneficios del juego "on-line" ha aumentado progresivamente durante los últimos cuatro años: 175 millones en 2007, 201 en 2008, 264 en 2009, y 315 el pasado año.

– El juego "on-line" apenas crea puestos de trabajo en España, ya que las empresas que ofrecen esos servicios operan desde servidores localizados fuera del país.

– 40.000 personas han pedido voluntariamente que no se permita acceder a ninguna modalidad de juego para evitar situaciones de ludopatía.

– Los juegos "on-line" han "seducido" durante los últimos años a unas 400.000 personas en España, atraídas sobre todo por las apuestas deportivas por Internet y modalidades muy específicas como el póquer.

– El juego público (la Lotería Nacional, la Bono Loto, la Primitiva y la Quiniela) facturó en 2010 unos 10.000 millones de euros, sobre todo gracias a los sorteos extraordinarios de Navidad (unos 2.700 millones de euros) y El Niño (unos 700 millones).

– El 30 por ciento del dinero que recauda cada año Loterías y Apuestas del Estado (unos 3.000 millones de euros) va directamente al Tesoro.

– LAE se ha transformado ya en Sociedad Estatal y va a abrir su capital -en un treinta por ciento- al sector privado.

– Las empresas que ofrezcan juegos por Internet deberán utilizar el dominio ".es", para reforzar la supervisión y el control de las autoridades españolas.