Castilla y León será la primera comunidad española en regular el juego remoto

La comunidad castellano y leonesa será la primera en tener en vigor un marco legal para estas actividades con el objetivo de proteger a los usuarios y dar seguridad jurídica a las empresas del sector. En Castilla y León hay 470 empresas dedicadas al juego, entre las que se encuentran 21 bingos y tres casinos, mientras que el resto están dedicadas al sector de las máquinas. La estimación es que el próximo año aporten más de 117 millones de euros en impuestos a la Administración regional.

El decreto regulará el uso a través de estos canales de aquellos juegos que están autorizados actualmente en las salas presenciales, como ruleta, póquer o bingo, así como otros de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y que se encuentran especificados en el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla y León.

Para poder jugar será necesario que el usuario se haya registrado e identificado como jugador. Además, se prohíbe la participación a los menores de edad y a las personas inscritas en el registro voluntario de prohibición. En aquellos juegos que se participe a través del teléfono, será el número identificativo de la línea telefónica, la que sirva como elemento identificativo y de localización personal.

Fernández Mañueco explicó los usuarios podrán hacer uso de una autolimitación en la cantidad de dinero a jugar, bien sea de forma diaria, semanal o mensual.

Por otra parte, el decreto exigirá a las empresas comercializadoras tener un fondo de garantía que asegure al jugador el cobro de sus premios. Dicho fondo será de 928.000 euros, o de 464.000 en el caso de que la de juego remoto no incluya internet.

Los permisos se concederán a sociedades anónimas con sede social y domicilio fiscal en Castilla y León, y que también tengan las plataformas informáticas necesarias para la gestión del juego en Castilla y León. La consejería de Interior y Justicia será la encargada de conceder esos permisos de explotación por un plazo de 10 años prorrogables. Además, aquellas empresas que no cumplan los requisitos marcados podrán ser sancionadas con hasta 600.000 euros y la retirada del permiso.